Así lo han expresado los abogados de dos de las víctimas de la tragedia tras la declaración de tres agentes (dos nacionales y un municipal) como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes a consecuencia de una avalancha humana en una fiesta de Halloween en el Madrid Arena.
El policía municipal ha asegurado que la noche de los hechos hubo doce agentes municipales en el Madrid Arena, otros dos en la Plaza de los Cubos y se requirió el apoyo de otros dos para la Plaza de España, según Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas.
Al parecer, un día antes de la fiesta, el 30 de octubre, el suboficial de la Policía Municipal Emilio Rodríguez Corral le comunicó a la jefa de Unidad Cándida Jiménez que tenía que hacerse cargo de los distritos de Centro y de Moncloa-Aravaca, pero se le debió pasar la fiesta del Madrid Arena, de acuerdo con el testimonio del agente municipal.
El juez ha comentado que le parecía "increíble y demencial" que la Policía Municipal no tuviera suficientemente previsto un evento de las características de la fiesta del Madrid Arena, con el aforo y la peligrosidad que podía conllevar, ha apuntado Felipe Moreno, el abogado de la familia de Rocío Oña, una de las víctimas.
Ha reconocido que la dotación de la Policía Municipal era "totalmente insuficiente", ya que en ocasiones anteriores y en otros eventos similares se había previsto el despliegue de cientos de policías municipales para poder intervenir en varios "botellones", incluso a caballo y con perros.
Además, el agente municipal ha puesto de manifiesto que no hubo cambio de nivel de riesgo del evento de medio a alto porque no se alcanzó el número de agentes requerido y tampoco hubo sargento, ni oficial. Tanto Núñez como Moreno han destacado que la declaración del policía municipal demuestra que "no hubo previsión, ni organización, ni adopción de medidas a posteriori".
Por su parte, los dos policías nacionales han manifestado al juez que se limitaron a recoger documentación del evento antes de la fiesta. Ambos han destacado que no tenían capacidad para inspeccionar el recinto ni para desautorizar la apertura de puertas del pabellón porque hubiera más aforo o porque faltara documentación.
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