Los Mossos, que actúan en cumplimiento de una orden judicial, han desplazado hasta el recinto, situado en el número 127 de la calle Puigcerdà, a decenas de furgonetas de la Brigada Móvil y han iniciado el desalojo de las personas asentadas, que han empezado a salir de las naves sin oponer resistencia.
La mayoría de los inmigrantes, que cuentan con el apoyo de colectivos solidarios, vivían del reciclaje de metales y otros residuos, en lo que estaba considerado como el mayor asentamiento de personas sin techo de la ciudad condal.
Los desalojados han utilizado los mismos carritos de supermercado que emplean en la recogida de residuos para cargar en ellos sus maletas y enseres personales, algunos de ellos incluso las mesas y sillas que utilizaban en el asentamiento.
Algunos de los inmigrantes han declarado a los periodistas desplazados al lugar que "si estamos aquí es porque no tenemos otro sitio donde vivir" y han resaltado que "somos personas, no somos animales".
Según ha informado Andrés García, abogado y responsable jurídico de la Red de Apoyo a los Asentamientos, los Mossos han llegado a las seis de la mañana y han preparado un dispositivo para garantizar el acceso a la comitiva judicial que iba a llevar a cabo el desalojo, y que ha llegado poco antes de las ocho.
Al llegar la comitiva judicial, quedaban en el lugar unas 70 personas dentro de las naves, porque la mayoría de los que carecen de papeles ya se habían marchado al saberse que se iba a producir el desalojo y ante el temor de que pudieran ser deportados al centro de inmigrantes de la Zona Franca.
Andrés García ha señalado que el ayuntamiento no ha cumplido su promesa de buscar una vivienda para estas personas porque hasta el martes sólo habían realojado a unas 15 personas, y muchas tenían pendiente una cita con los servicios sociales esta misma semana para valorar su situación y ver dónde podían alojarse.
Ha recordado que el alcalde Xavier Trias aseguró que ninguna persona se quedaría sin techo, y que tendrían una solución temporal o un alojamiento de media duración, de seis eses a un año, cosa que "ha incumplido".
Desde la Red de Apoyo a los Asentamientos se ha denunciado que en vez de haber sido un desalojo social, ha sido un desalojo policial y que la gente que vivía en el recinto ha quedado desamparada. En las naves industriales de la calle Puigcerdá, una antigua fábrica que ocupa casi una manzana, habían llegado a vivir cerca de 300 personas.
Tras llevarse a cabo el desalojo, se ha organizado una concentración solidaria en la confluencia de la calle Marroc con la Rambla de Prim para reivindicar los derechos de estas personas, a la que asisten unas 150 personas.
Entre los concentrados están los diputados David Fernadez (CUP), David Companyon y Joan Herrera de ICV, y Joan Tardá de ERC, y a lo largo de la mañana está previsto que se anuncien nuevas movilizaciones en solidaridad con los desalojados.
