Son los ocho de Airbus, trabajadores de la compañía que participaron en un piquete en la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
En su escrito, la Fiscalía los acusa de actuar de forma organizada, insultar, agredir y lanzar mochilas pesadas y conos reforzados con hierro a los antidisturbios.
Piden ocho años de cárcel para cada uno, la mayor pena que se ha solicitado nunca en España por hechos similares. No es el único proceso abierto contra manifestantes para los que se piden condenas de cárcel.
Acusado de coaccionar a los que querían trabajar durante una huelga, Carlos fue condenado a tres años prisión. Pensando que los tres años de cárcel eran absolutamente desproporcionados ni siquiera lo contó en su casa.
La jueza suspendió su entrada en prisión hasta que se trámite un segundo indulto. Si lo rechazan, tendrá que cumplir la pena. Serafín puede correr la misma suerte que Carlos. Su mujer no sabe cómo explicárselo a su hija.
Los sindicatos denuncian que hay una persecución del derecho a huelga y creen que hay órdenes por parte de la Fiscalía General para amedrentar a los trabajadores.
