Desde los sindicatos policiales y de la Guardia Civil denuncian descoordinación. Los agentes pidieron a la juez que pusiera medidas de vigilancia a la victima mientras estaba en el hospital, estas medidas pueden incluir medidas de vigilancia, pinchazos telefónicos o escolta.
Isabel, de 65 años, comenzaba a recuperarse. Había pasado a planta después de un mes en la UCI tras ser atacada brutalmente aquí, en su casa de Verín. Según Aniceto, el único testigo y su pareja, alguien entró en la vivienda y la golpeó con una barra de hierro. Pero la Guardia Civil siempre sospechó de su versión, por eso cuando Isabel comenzó a responder a estímulos, los agentes solicitaron al juzgado que tomara medidas cautelares contra él. Según fuentes judiciales, la juez lo desestimó porque, tras consultar con la Fiscalía, no encontró pruebas contundentes pero dejó via libre a los agentes para que, si lo consideraban, reforzarán la vigilancia a la mujer.
Alejandro Gómez, experto en violencia de género y portavoz SUP Galicia asegura que "todas las administraciones públicas tienen competencias pero no hay coordinación entre ellas para luchar contra la violencia de genero".
La Guardia Civil cree que Aniceto, que durmió la noche antes de asesinar a Isabel en su habitación, le asestó varias puñaladas para evitar que, al recuperarse, contara que su agresor había sido él. Nadie entiende que si había sospechas no hubiera una orden de alejamiento. Carmen Ariza de la Red de Mujeres Maltratadas afirma que "si esa mujer entró con la sospecha de que había un maltrato machista, no se debía haber dejado entrar a ese señor cuidar de ella".
El presunto agresor continúa detenido en el hospital tras ser operado dos veces. Después de apuñalar hasta la muerte a su mujer intentó quitarse la vida aunque no lo consiguió.