Esta nueva petición se produce después de que el arzobispo respondiera a un requerimiento anterior del titular de Instrucción 4 de Granada que la investigación canónica completa, iniciada a raíz de la denuncia de los hechos, dependía de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.
"Escudarse ahora, después de más de seis meses en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sí tiene funciones de juzgar canónicamente pero no siempre de instruir, supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación", ha advertido ahora el juez.
El auto, contra el que cabe recurso de reforma, señala que en caso de incumplimiento podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial o de denegación de auxilio a la justicia, respecto a lo que se librarían los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades.
El juez indica además que está "bajo apercibimiento de incurrir en falsedad" si no fuera cierto que no cuenta con la documentación solicitada de forma reiterada y pide al arzobispo que le remita "copia" del decreto emitido, en su caso, por la Congregación para la Doctrina de la Fe y la fecha en su este se hizo.
Esta nueva decisión judicial reitera la providencia y concreta las consecuencias de su incumplimiento, después de que en las sucesivas documentaciones remitidas por el Arzobispado se "omitieran" las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico.
El instructor entiende que "necesariamente" deben de "obrar de forma escrita" a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado.