Las familias de las fallecidas quieren que "se haga justicia" y que los responsables de la tragedia paguen por ella. El juicio se celebrará el próximo año, previsiblemente después del verano. Katia Esteban, Rocío Oña, Cristina Arce, Belén Langdon y Teresa Alonso fallecieron porque esa noche "falló todo lo que podía fallar", según el auto que dictó el juez encargado del caso, Eduardo López-Palop, cuando finalizó la instrucción a finales del pasado mes de agosto.

Las jóvenes coincidieron con cientos de muchachos y muchachas en uno de los vomitorios que daba acceso a la pista central, donde acababa de empezar el concierto del dj Steve Aoki, lo que hizo entrar de golpe a miles de jóvenes que estaban de botellón en las inmediaciones. El vomitorio se colapsó con las personas que querían entrar en la pista y con las que trataban de salir, huyendo de la aglomeración, y se formó un "tapón" de varios metros de altura que literalmente asfixió a algunas jóvenes. Tres chicas -Rocío Oña, Katia Esteban y Cristina Arce- llegaron a la enfermería en parada cardiorrespiratoria y, según el magistrado, no recibieron la atención médica correcta porque se las dio por fallecidas y, además, se trataba de una sala sin ventilación ni agua en la que no había medios para hacerlo.

Belén Lagndom y Teresa Alonso fueron trasladadas a hospitales, en los que fallecieron posteriormente. La investigación judicial del suceso culminó poco antes de cumplirse dos años de la tragedia, a finales del pasado mes de agosto, con un auto del juez Palop en el que mantiene la imputación de dieciséis personas, entre ellas el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, junto a otros responsables de la firma Diviertt, de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos y de las empresas de seguridad Kontrol 34 y Seguriber.

El magistrado mantiene la imputación del exjefe de la Policía Municipal de la capital, Emilio Monteagudo, y del coordinador jefe del departamento de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos, José Luis Rodríguez Caamaño, en contra del criterio de la Fiscalía. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores, el principal acusado en la causa, tres años de cárcel para otros once procesados, responsables de la organización y la seguridad del evento, y dos años y medio para los doctores Simón y Carlos Viñals, encargados de la enfermería del Madrid Arena.

Los abogados de las víctimas están en desacuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal por considerar que las penas solicitadas no responden a la gravedad de los hechos. Las acusaciones populares, que ejercen el PSOE y Manos Limpias, elevan a 10 y 20 años, respectivamente, su petición de pena de prisión para el promotor de la fiesta.