Ruz ha desestimado cinco recursos contra el auto de Ruz de fin de instrucción correspondiente al procesamiento del caso sobre la caja B del PP, concretamente los de sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como de las acusaciones populares ejercidas por IU, Adade y Observatori Desc.

La acusación liderada por IU pretendía con su recurso "conseguir que todos los responsables, tanto del Partido Popular como de las empresas constructoras que realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos, sufran un duro reproche penal", pero el juez ha rechazado su pretensión y ha dejado así que la Sala de lo Penal se pronuncie de nuevo sobre ello en apelación.

También ha desestimado el recurso de Bárcenas, que negaba los delitos fiscales que le atribuye y que, para exculparse, apuntó que él nunca se encargó de las liquidaciones ante Hacienda del partido ya que esta labor recaía en sus administradores.

Ruz mantiene así procesadas a seis personas en este caso: Bárcenas y Lapuerta, así como el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres empleados de la empresa de arquitectura que reformó la sede del PP por delitos fiscales y de apropiación indebida.

Una vez adoptada esta decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que volver a pronunciarse respecto a estos recursos en apelación, cuando entrará también a estudiar el recurso del PSOE, que pidió directamente a la Sala la imputación de Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, ambos secretarios generales del Partido Popular durante el periodo que se investiga.

El auto recurrido por acusaciones y procesados con el que el juez de la Audiencia Nacional cerró la instrucción del caso Bárcenas después de dos años de investigación, da por acreditada una caja B en el Partido Popular, al que considera responsable civil subsidiario.

Ruz cree que hay indicios de que el PP llevó desde 1990 y al menos hasta 2008 una caja paralela que se servía de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito legal y operaba con varios sistemas de cuentas al margen de la contabilidad oficial, las cuales funcionaban "a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B".

Estas "contabilidades opacas o cajas B", decía el juez, estaban a cargo del gerente y del tesorero nacional y no se declaraban, indica, a la Hacienda Pública, por lo que "de forma sistemática entre los años 1990 y 2008 habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley", explicaba el juez.

En el auto recurrido, levantó la imputación y archivó el caso para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles manuscritos del extesorero con la supuesta caja B, que reflejan donativos al margen de la contabilidad oficial y pagos de dinero en metálico a altos cargos.