Nuevo escollo en el 'Caso Mediador'. Con el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo en libertad, la Policía considera fundamental registrar "sin restricciones" su despacho mientras fue parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados. El equipo policial que investiga el 'Caso Mediador' ha pedido intervenir todos sus equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento.
La Fiscalía, en cambio, afirma que no puede pronunciarse, alegando la inviolabilidad de la Cámara Baja. En un informe enviado a la juez de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa, el fiscal Anticorrupción de la provincia alega que no puede pronunciarse sobre esa petición, porque la Constitución consagra la sede del Congreso como "inviolable" y aseguran que es la presidenta de la Cámara Baja la que, tras orden judicial, tiene que dar luz verde.
Fuentes del Congreso han confirmado a laSexta que aún no ha llegado ninguna petición de registro y que, en caso de que la jueza lo requiera, la presidenta de la Cámara lo autorizará. Según ha podido saber laSexta, el despacho del nombrado en la trama como 'Tito Berni' no está ocupado por nadie en la actualidad. Está cerrado, y su ordenador se encuentra en el interior.
La Ley determina que las Cortes "son inviolables"
Anticorrupción alude al artículo 66.3 de la Constitución Española. En él se expone que "las Cortes Generales son inviolables". No obstante, dada la brevedad de la formulación, la Carta Magna no detalla qué supone a efectos prácticos la inviolabilidad de la Cámara Baja, si bien se entiende que la finalidad de la misma es proteger la institución y otorgarle una importancia fundamental dentro del poder legislativo.
Más concreto es el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que "el Juez necesitará para la entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores la autorización del Presidente respectivo". Es decir, sería la propia Meritxell Batet la que tendría que autorizar el registro tras la petición del juez.
La Fiscalía alega así la inviolabilidad de la Cámara para oponerse al registro del despacho de Fuentes Curbelo, y propone dirigirse al propio Congreso para que sea quien autorice a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía a registrar el despacho que utilizó el diputado hasta el pasado 14 de febrero, cuando el PSOE forzó su dimisión al conocer que estaba investigado en una trama de presunta corrupción, en la que ya había sido detenido su sobrino, Taishet Fuentes.
El fiscal propone que participe en el registro también la Comisaría de Policía Nacional del Congreso "para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo".
Detenido y puesto en libertad
El escollo de la Fiscalía supone un contratiempo en la investigación por el temor a la posible destrucción de pruebas. El exdiputado socialista fue detenido pasado el 20 de febrero, seis días antes de que la juez ordenase el arresto de los otros once implicados, una vez que tuvo confirmación de que ya no era miembro del Congreso, ya que contra un diputado en Cortes Generales solo puede proceder penalmente el Tribunal Supremo, según el artículo 71 de la Constitución.
Así, Fuentes Curbelo compareció ante la magistrada el día 22 y salió en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, porque la única acusación personada hasta ese momento, la Fiscalía, no pidió ninguna medida cautelar contra él.
A lo largo del sumario, destacan varias pruebas de que Fuentes Curbelo recibía en el grupo parlamentario socialista a empresarios que presuntamente solicitaban la influencia de la trama para obtener contratos o subvenciones públicas, o para liberarse de sanciones.