El juez les acusa de delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, difusión de consignas terroristas y de captación y adoctrinamiento terrorista. Han estado prestando declaración en la Audiencia Nacional hasta que ocho de los siete presuntos yihadistas han sido trasladados a Soto del Real.
En su auto, el juez destaca que queda aprobado que pertenecían a una célula local del grupo terrorista Estado Islámico, que estaba siendo investigada desde junio de 2014. Gómez Bermúdez dice que son potencialmente peligrosos e impredecibles.
Todos tenían en común que tenían una situación económica complicada, que ha hecho que se acrecentara su odio por la sociedad.Acusados de trabajar para una organización terrorista captando adeptos y difundiendo su propaganda de odio, una táctica de desestabilización recurrente.
"Su objetivo es aterrorizar al conjunto de nuestra sociedad generando la idea de que toda reacción conducirá a no estar seguro en ninguna parte del mundo". Es lo que el juez llama "nuevo yihadismo violento", que se aprovecha, sobre todo, de las víctimas de la precariedad que, como en los detenidos, ha contribuido "a exacerbar su inquina hacia la cultura y valores occidentales".
"Su odio, unido a su lealtad a la organización terrorista, les convierte en personas potencialmente peligrosas para la seguridad pública". Especialmente cruel sería el caso de su presunto líder local: según fuentes jurídicas, llegó a utilizar a su hijo de dos años para un vídeo de propaganda, haciéndole proclamar que "de mayor quería ser yihadista".