Después de que el Supremo ordenara el derribo de una macrourbanización, la vida sigue igual en Valdecañas. Se trata de 185 villas lujosas, un campo, un hotel y un enorme embarcadero que ahora la Junta de Extremadura se resiste a demoler y devolver a su estado natural. Así lo afirma en un documento al que ha tenido acceso 'El País': "La devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental pues carecía del mismo".
Según el informe, cumplir la sentencia del Supremo que obliga a derribarlo costaría 34 millones de euros, así que la Junta explica que es mejor para la zona mantenerla urbanizada.
La zona cuenta con tres tipos de protecciones aunque, en el escrito, el gobierno de la Junta lo ve de otra manera: "La construcción del complejo tuvo un efecto altamente positivo (...) ha mejorado las condiciones de tranquilidad y sosiego".
Igual que los promotores del proyecto a medio construir y que invirtieron 200 millones de euros. Los pueblos de alrededor también están en contra del derribo, porque aseguran que sería la ruina económica para la comarca.