El juez ya había imputado en su día a directivos del gestor ferroviario, una imputación que levantó el órgano de apelación y que supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del accidente, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.
No obstante, no quedó cerrada la puerta a que se siguiese investigando para comprobar si en ese tramo situado a la altura del barrio compostelano de Angrois, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así quedaba determinado por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación sería "prematura y carente de base suficiente".
El juez instructor Luis Aláez ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona que relevó a otro compañero en Ourense, el maquinista imputado Francisco José Garzón Amo, que perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.