El Gobierno mantiene el anuncio inicial de que los alcaldes de las poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado. Montoro ha aclarado que este sueldo puede llegar a los 100.000 euros, y que será el límite para los municipios de más de 500.000 habitantes. Por debajo de 1.000 habitantes no habrá sueldo.

Montoro ha explicado que el Gobierno finalmente no reducirá el número de concejales, sino el de aquellos con retribución, una opción que "ahorra mucho más". El objetivo, ha dicho, es impulsar la participación en política "y si esa participación es voluntaria, mejor".

Así, de los 68.285 concejales, 12.188 podrá tener dedicación exclusiva y cobrar. En Madrid se quedarán sin cobrar 12 concejales y en Barcelona, 9. También se limitarán los sueldos de los presidentes de diputación, que podrán cobrar como máximo, incluidos todos los conceptos retributivos y la asistencia, lo que el alcalde de la corporación más poblada de su provincia.

El Gobierno ha anunciado también que prohibirá en la reforma de la administración local la creación de nuevas empresas públicas municipales y las ya existentes tendrán que disolverse, según ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Montoro ha comunicado que el Gobierno ha dado luz verde al informe del anteproyecto de la reforma de la Administración Local y ha remitido el texto al Consejo de Estado, como paso previo a su posterior envío a las Cortes Generales. Montoro, que ha explicado además que las mancomunidades y entidades locales que no rindan cuentas "deberán desaparecer", ha dicho que la legislación busca redimensionar el sector público municipal.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se trata de una "ley clave" para la racionalización de la estructura del Estado y para la sostenibilidad de las cuentas municipales, con el fin de clarificar competencias y evitar duplicidades.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la Agenda Digital, que tiene entre sus objetivos promover el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad y desarrollar la economía digital a fin de aumentar la competitividad.

2.200 MILLONES PARA LAS RENOVABLES
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria para pagar parte de las primas a las energías renovables. El ministro José Manuel Soria ha asegurado que el objetivo de este crédito es evitar nuevas subidas en el recibo de la luz.

Soria ha recordado que la ley de medidas fiscales para la generación eléctrica preveía que los ingresos derivados de estos tributos, así como de la venta de derechos de emisión de CO2, se dedicarían a pagar parte de las ayudas que reciben las renovables.

Sin embargo, según ha explicado, estas medidas serán "insuficientes" para "atender a los desajustes" previstos por la Comisión Nacional de Energía para este año. Por este motivo y para evitar cubrir este desfase con nuevas subidas en la tarifa de la luz, el Gobierno ha adoptado una "medida temporal" que es una "transferencia especial" con cargo a los presupuestos de Industria por un total de 2.200 millones de euros.

Este crédito fue anunciado por Soria el pasado 1 de febrero y ha vuelto al Consejo de Ministros tras pasar por el Consejo de Estado.