El circuito del dinero negro en la reforma de la sede nacional del PP forma un círculo en cuatro vértices. Y todos ellos, uno a uno, los han ido dando por buenos la policía y el juez. El primero fueron las donaciones presuntamente ilegales de empresarios nutrían la caja B del partido, la hucha que Ruz ha certificado y que tantas veces ha negado el PP.
Sin embargo, lo que dice la Policía es que la caja B fue un pulmón con el que Génova sufragó, al menos, la costosa reforma. Unifica, la empresa de este hombre, Gonzalo Urquijo, y de su socia, Belén García, se embolsó por las obras cerca de un millón de euros, según la Policía, "ajenos a la contabilidad remitida por el partido al Tribunal de Cuentas".
Bárcenas anotó en sus papeles aquella salida y además le dijo al juez que no fueron los arquitectos sino el partido quien decidió pagar en negro. Tal como el dinero negro entró al bolsillo de los arquitectos, salió supuestamente a sus cuentas en Suiza, Canadá y Luxemburgo.
Y ahora el juez certifica que ambos socios se ampararon en la amnistía fiscal. Cuadraron el círculo trayendo a España en total casi 220.000 euros, de los que buena parte serían los cobros en negro del PP. La oposición vuelve a pedir que esto se investigue también en el parlamento. Pero parece que más que investigar, el PP lo que quiere es que cerrar capítulo cuanto antes.