El Constitucional considera que es aceptable que solo en determinados puestos este conocimiento del catalán será no solo un mérito sino un requisito a exigir a quienes aspiren a la administración autonómica. La sentencia, que cuenta con dos votos particulares, rechaza así un recurso presentado hace casi un año por 50 senadores socialistas a iniciativa del PSOE balear, que consideraban discriminada la lengua cooficial balear.