En este apartado se indica que se considerarán infracciones, salvo que constituyan delito, "la realización, organización y exhibición públicas de monumentos, escudos, insignias, placas u otros objetos, así como las menciones conmemorativas, de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas".
También podrían ser infracciones "la organización, realización y participación en espacios, lugares o establecimientos públicos o abiertos al público de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas".
Además, a los infractores se les podrá imponer la obligación de indemnizar por los daños producidos y se les prohibirá, durante un periodo no superior a los tres años, contratar con las Administraciones Públicas y obtener la condición de beneficiario de subvenciones o ayudas.
Si ocupasen un cargo público, deberán satisfacer tanto la sanción como la indemnización con cargo a su patrimonio, no con dinero público. Al presentar la iniciativa, el secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha calificado de "intolerable" y "repugnante" que quienes han asesinado y cometido atentados terroristas sigan recibiendo "homenajes", que además "están quedando impunes".
Ciudadanos considera que las conductas de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas atentan contra los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad recogidos en la legislación española y humillan no solo a las personas, sino al Estado democrático y de Derecho. Por ello, sostiene que las Administraciones Públicas no pueden desentenderse de la persecución de actividades que lesionan valores considerados de interés general.
La proposición de ley de Ciudadanoss pretende "rellenar un hueco" en la defensa del honor y la dignidad de las víctimas por parte del Estado tipificando como infracciones administrativas el incumplimiento de las prohibiciones que impone el artículo 61 de la ley. Este artículo prohíbe los actos de exaltación del terrorismo y de menosprecio de las víctimas y dice que las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que eso se cumpla.
Sin embargo, el partido naranja indica que, al no contemplarse ninguna consecuencia singular en caso de incumplimiento, el castigo del enaltecimiento recae en la práctica en el Código Penal. El resultado es que este tipo de actos no se suelen castigar penalmente porque eso supondría imponer penas de cárcel, y por ello Ciudadanos propone que en estos casos se aplique el Derecho administrativo sancionador. Los responsables de instruir y resolver los procedimientos sancionadores serían los delegados del Gobierno en las distintas comunidades autónomas, según la iniciativa, que indica que las infracciones prescribirán al año de haberse cometido y las sanciones a los dos años.
Además, el procedimiento administrativo quedaría interrumpido en el caso de que se abriese un procedimiento judicial penal por los mismos hechos. Gutiérrez ha explicado que Ciudadanos ha consultado con distintas asociaciones que defienden a las víctimas del terrorismo y que, salvo el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), las demás (Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Dignidad y Justicia y Asociación Víctimas del Terrorismo) les han dicho que ven "muy oportuna" su proposición de ley.
Covite ha advertido de que la iniciativa de Ciudadanos es "descabellada y contraproducente" ya que "despenaliza" este tipo de actos, porque "una infracción penal no puede ser al mismo tiempo una infracción administrativa". El diputado ha expresado su desacuerdo con esta opinión y ha asegurado que la vía administrativa "no elimina la vía penal", sino que la "complementa".