Los cambios legislativos que el Gobierno británico tiene previsto implantar tienen como fin proteger en los tribunales a los agentes de policía que disparen a sospechosos, según el diario "The Sunday Times".

El primer ministro, David Cameron, ha ordenado revisar la ley después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la que los responsables de la policía manifestaron su inquietud por la cobertura legal de los agentes ante circunstancias como los ataques terroristas en París.

La decisión, se conoce tras la detención de un policía por la muerte de Jermaine Baker, un joven de Tottenham, en el norte de Londres, que recibió un disparo cuando las fuerzas de seguridad intentaban evitar un supuesto complot para liberar a dos presos que iban a ser trasladados al juzgado.

Los mandos policiales temen que sus agentes no cuenten con el marco legal necesario para trabajar con confianza, según indica una fuente gubernamental citada por el diario británico. "Los incidentes terroristas tanto en nuestro país como en el extranjero muestran claramente que los oficiales de policía deben tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo", señaló la misma fuente.

"Debemos asegurarnos de que cuando la policía toma la decisión última de proteger la seguridad de los ciudadanos puede hacerlo con todo el apoyo de la ley y del Estado. No puede haber espacio para la duda cuando hay vidas en riesgo", indicó.

Los cambios legislativos fomentados por Cameron, que no se limitarían al uso de armas en operaciones contra el terrorismo, han sido criticados por la oposición. Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, ha señalado sus reservas sobre la propuesta al indicar que la policía "debe responder por sus acciones como cualquier otra organización pública".

"Debemos ser muy cuidadosos", dijo Corbyn, para quien "cualquier tiroteo en las calles mina la confianza de los ciudadanos" en las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la cobertura legal de los agentes en el Reino Unido ha sido expresada asimismo por algunos jueces. En febrero, una sentencia del Tribunal Supremo sobre la muerte de un sospechoso por disparos de la policía avisó de que las consecuencias penales pueden frenar a los agentes a la hora de abrir fuego.

"Nos preocupa que la disección pormenorizada de decisiones que se toman en fracciones de segundo puedan disuadir a los agentes de dar una respuesta apropiada, en tiempo real, a amenazas", señalaba esa sentencia.