Como ya sucediera hace una semana, la concentración acabó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas del orden, que utilizaron cañones de agua para dispersarlos. Según los datos de la Prefectura, los manifestantes rondaron las 10.000 personas, cifras que los organizadores elevan hasta los 30.000 participantes.

El clima de protesta viene incrementándose en Bretaña en las últimas semanas, con el telón de fondo de la tasa a los camiones que quiere introducir el Gobierno. Ese impuesto ha catalizado el descontento, amplificado por las consecuencias de la crisis económica en una región muy afectada por el cierre de empresas ligadas al sector agroalimentario.

Todo ello desembocó en una primera manifestación el pasado sábado, que la que estallaron graves incidentes violentos con el balance de varios detenidos y heridos, entre ellos un obrero que perdió una mano.

Ante ello el Ejecutivo decidió retrasar la entrada en aplicación del impuesto ecológico, que debía haber comenzado a cobrarse el próximo 1 de enero, pero que se ha pospuesto sin fecha. Lo cual no ha servido para hacer rectificar a los organizadores, que piden que se anule completamente este impuesto.

Este sábado, otros colectivos de obreros, pequeños empresarios, agricultores, pescadores y otros sectores se unieron a la jornada de protesta, con una gran variedad de peticiones en favor del empleo y la regeneración económica y con el objeto común de la crítica al Gobierno.

La manifestación se produce en un momento en el que la popularidad del Gobierno y del presidente está por los suelos. La polémica en torno a los gitanos de origen rumano y búlgaro y la actuación del ministro del Interior, Manuel Valls, erosionó el crédito de un Gobierno que pena en los sondeos.

El asunto de la tasa ecológica puede, además, quebrar la relación con los Verdes, que piden su entrada en vigor en virtud de los pactos de legislatura suscritos.

El Ejecutivo dio un nuevo paso atrás al atrasar su entrada en vigor, lo que ha sido leído como una muestra de debilidad. Se trata de un impuesto que será cobrado a los camiones, tanto galos como extranjeros que circulen por los 15.000 kilómetros de carreteras francesas no sujetas a peaje.

Según sus cálculos, afectará a unos 800.000 camiones de más de 3,5 toneladas y el Ejecutivo pretende recaudar con ella unos 1.200 millones de euros anuales. El dinero recaudado será destinado a la financiación de infraestructura de transportes y la tasa persigue también cambiar los hábitos de los transportistas, potenciando aquellos menos contaminantes.