La dirección de la formación ya le expulsó una primera vez en mayo pasado, pero Le Pen apeló a la Justicia y en ese y otros dos recursos consiguió tanto que se le restituyera la militancia como que se anulara el "congreso postal" en el que, a través del correo, se pidió a los militantes votar sobre la supresión de la figura del presidente de honor.
Lejos de dar el contencioso por cerrado, el Buró Ejecutivo del partido se reunió en su sede de Nanterre, a las afueras de París, para evaluar cómo volver a castigar las sucesivas salidas de tono del patriarca del clan Le Pen.
Esta audiencia, en la que no participaron ni la actual presidenta, su hija Marine, ni su número dos, Florian Philippot, buscaba servir de punto de inflexión para poner rumbo a las elecciones regionales de diciembre sin trabas.
El octogenario político defendió su causa durante más de tres horas ante el órgano ejecutivo y, a su salida, afirmó que expresó su deseo de que "este episodio un poco polémico" fuera "una etapa hacia la reunificación activa del FN".
Pero la resolución, pese a la ausencia de Marine y Philippot, que consideraron que su rivalidad con el fundador les impedía tener un juicio imparcial, parecía estar tomada con antelación, dado que la mayor parte de sus miembros son fieles de la actual líder del partido.
"La decisión completa y motivada será notificada próximamente al señor Le Pen", indicó la formación en un breve comunicado, en el que solo perfiló que esa medida alcanzó la "mayoría" necesaria para ser adoptada.
El eurodiputado Bruno Gollnisch, cercano al político y quien había avanzado que expulsarle supondría la "manifestación de una ingratitud increíble", sostuvo después de que se confirmara esta decisión que es "políticamente desastrosa, moralmente chocante y jurídicamente contestable".
"El Frente Nacional, al matar a su fundador, en cierta manera se ha suicidado", declaró en la cadena "BFM TV" uno de los abogados de Le Pen padre, Fredéric Joachim, quien recomendó a su cliente volver a acudir a los tribunales.
Y poco después, el propio Le Pen aseguró en "i-Télé" que "evidentemente" peleará jurídicamente una deliberación que, a su juicio, ha sido tomada si reflexionar sobre su "gravedad" y haciendo "cálculos erróneos sobre la opinión pública".