El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que ha comenzado a aplicar "totalmente" el veto promulgado por el presidente, Donald Trump, para impedir la entrada en el país de las personas procedentes de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen.
El Departamento que dirige Rex Tillerson enmarca esta medida en la necesidad de "proteger la seguridad y el bienestar" de los estadounidenses, si bien es cierto que la orden de Trump no ha estado exenta de polémica, hasta el punto de ser sometida a un arduo escrutinio judicial.
El Tribunal Supremo accedió a levantar las dos moratorias que bloqueaban parcialmente la última versión del decreto, tal como había solicitado la Administración federal, por lo que finalmente se han comenzado a aplicar las restricciones de entrada.
"La seguridad nacional es nuestra máxima prioridad en las concesiones de visados", ha argumentado el Departamento de Estado, en un comunicado en el que también ha aclarado que no se revocará ningún permiso y que estos límites "no están pensados para ser permanentes".
Las restricciones, según Washington, están condicionadas a que los países afectados colaboren con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. "La mayoría de los países del mundo cumplen ya con estos requisitos, lo cual es un elemento importante para garantizar nuestra seguridad", han añadido.
Trump ha logrado finalmente aplicar la tercera versión de sus polémicas restricciones, que ha ido variando a medida que se han sucedido los recursos judiciales contra una medida que promulgó inicialmente una semana después de tomar posesión del cargo, a finales de enero.
La orden, en cualquier caso, no supone el "cierre total y completo" que prometió aplicar en campaña para todos los musulmanes, sin distinción. Uno de los alegatos esgrimidos en los recursos precisamente ha sido que los vetos de Trump suponen una discriminación por motivos religiosos.