"Estos registros revelan potenciales comunicaciones con fuentes confidenciales a lo largo de un periodo de dos meses en todas las actividades de recopilación de información llevadas a cabo por AP", indicó Gary Pruitt, consejero delegado de la primera agencia de noticias de EE.UU., en una misiva dirigida al secretario de Justicia, Eric Holder.
Pruitt consideró esa información almacenada como "una intrusión masiva y sin precedentes" en las actividades de AP. De acuerdo con la agencia, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut). No obstante, no se ha aclarado si también se registró la duración de las llamadas y los números entrantes.
El Departamento de Justicia habría realizado estas averiguaciones en el marco de un mandato judicial para investigar presuntas revelaciones de información gubernamental clasificada.
Por el momento, la agencia federal no se ha pronunciado al respecto. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, salió rápidamente al paso y emitió un comunicado en el que afirmaba que "más allá de las informaciones periodísticas, no tenemos conocimiento alguno de ningún intento del Departamento de Justicia de buscar registros telefónicos de AP".
Carney subrayó que la Casa Blanca "no está involucrada en ninguna decisión tomada en relación con investigaciones criminales, ya que esas cuestiones son manejadas de manera independiente por el Departamento de Justicia".
Sin embargo, el congresista republicano por California Darrell Issa, presidente de comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, criticó a la Administración del presidente Barack Obama por las revelaciones de la agencia de noticias.
"Los estadounidenses deberían tomar nota de que los funcionarios de alto nivel de la Administración Obama se ven a sí mismos por encima de la ley y están envalentonados por la creencia de que no tienen que responder ante nadie", aseguró Issa en un comunicado.
La agencia de noticias conoció esta información el pasado viernes en una carta enviada por el fiscal Ronald Machen del Departamento de Justicia en Washington. William Miller, portavoz de Machen, eludió referirse al caso y se limitó a asegurar que la fiscalía sigue todas "las leyes aplicables, regulaciones federales y normativas del Departamento de Justicia cuando se emiten mandatos judiciales para acceder a registros de llamadas de organizaciones periodísticas", en un correo electrónico enviado al diario The Wall Street Journal.