A partir de este jueves, cualquier persona de al menos 21 años podrá poseer 60 gramos de marihuana, fumarla en su casa o en espacios privados, compartir hasta 30 gramos y cultivar en su hogar seis plantas, aunque sólo tres de ellas pueden tener flores.
Con esta medida, la capital de EEUU se une a los estados de Colorado, Washington, Alaska y Oregón, que han aprobado el uso recreativo de la marihuana, pero la capacidad del Congreso para revisar las leyes de la capital federal (sin autonomía estatal) convierte esta situación en un caso muy diferente.
Desde que en noviembre el 70,1% de los habitantes del Distrito de Columbia aprobaran la "Iniciativa 71" -nombre con el que se conoce el proyecto de legalización-, las autoridades locales y el Congreso se han enfrascado en desafíos y réplicas.
Llevar marihuana a algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, como el National Mall o el Memorial de Jefferson, seguirá estando prohibido porque la mayoría de los monumentos de la ciudad se encuentran bajo jurisdicción federal y no dependen del gobierno local. De hecho, en el 29% del territorio de Washington, que está bajo jurisdicción federal (parques nacionales, propiedades militares o viviendas públicas), seguirá estando prohibido portar cualquier cantidad de marihuana, de acuerdo con la ley federal, que aún prohíbe la posesión y consumo de marihuana.
Pero, dos pasos más allá de los monumentos y memoriales más conocidos de la capital estadounidense, portar marihuana estará permitido a partir de mañana, una imagen que genera contradicciones entre los legisladores, especialmente en la bancada republicana.
Los republicanos alegan que las autoridades locales no pueden legalizar la marihuana porque una cláusula que introdujeron en los presupuestos federales a finales de año se lo impide. Específicamente, la disposición prohíbe que los fondos "sean usados para promulgar cualquier ley, norma o regulación para legalizar o reducir las penas asociadas con la posesión de marihuana para uso recreativo".
Sin embargo, las autoridades locales entienden que esta cláusula sólo les impide regular la venta y la imposición de impuestos sobre la marihuana y que, por tanto, el Ayuntamiento tiene autoridad para permitir que se fume, cultive y se porte una pequeña cantidad de cannabis. El continuo desacuerdo podrían acabar en los tribunales.
Por el momento, la aplicación de la iniciativa servirá al Distrito de Columbia para lanzar un desafío al Congreso y reclamarle una autonomía que el legislativo le niega desde hace décadas y que la marihuana ha vuelto a poner sobre la mesa.