El juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha admitido a trámite la querella criminal que las empresas Experience Store S.L y Experience Store Outlet han presentado contra la sociedad estadounidense New Balance, sus filiales y sus cuadros directivos en España a quienes acusan de coacciones, de un delito contra el mercado y los consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de un delito contra el mercado por abuso de posición dominante.
El magistrado ha comunicado al vicepresidente ejecutivo mundial de la compañía, Pablo R. Guaron, y a la Country Manager para España, Anna Rosa Anita Scheidgen, y su hija, la Directora de Operaciones, Ángela Scheidgen, su condición de imputados y está pendiente de fijar la fecha para su declaración judicial. En el caso de Guaron, el juez, de forma expresa, le niega la posibilidad de declarar por video conferencia desde Estados Unidos.
Traicionadas
Tal y como relata la querella a la que ha tenido acceso laSexta, estas dos empresas, que desde 2016 se han encargado de promocionar la marca New Balance y de promover la creación de decenas de tiendas de estos productos deportivos en España y Portugal, se sienten traicionadas en su buena fe y sometidas a lo que califican como de "extorsión y coacciones"para que vendan a precio de saldo toda esa estructura comercial a favor del gigante norteamericano.
La querella recoge abundantes correos entre la cúpula de New Balance y las empresa Experience Store S.L y Experience Store Outlet (ambas con sede social en Madrid) en los que se da por oficial que el contrato que les une desde 2016 y que finalizaba en 2021 se prorrogaría como mínimo hasta el 2026.
David contra Goliad
Es en base a ese acuerdo que las dos empresas españolas se lanzaron a la compra de tiendas y nuevos puntos de distribución haciendo para ello un desembolso económico millonario que incluía, además, la contratación de más personal. La multinacional norteamericana se desdice de lo acordado y ha dejado de suministrar productos e infraestructura a los distribuidores y comerciales españoles. Esa situación ha provocado un ahogo económico de tal magnitud que Experience ha tenido que bajar la persiana dejando a más de 250 personas en la calle. Experience se siente vilmente traicionada por la matriz para la que ha trabajado durante estos años. Según la querella, New Balance se habría aprovechado del trabajo y del éxito de las dos empresas madrileñas para, trascurrido el tiempo, robarles el negocio.
Mentiras y más mentiras
La querella es muy clara, durante del verano de 2021, New Balance anunció un doble propósito: la renovación de los contratos comerciales con Experience como mínimo durante 5 años más (existen inequívocos mails de la Directora Nacional en este sentido); o, alternativamente, una oferta de compra esta estructura comercial.
Lo segundo era mentira, una burda maniobra de despiste. Lo único que pretendía New Balance era acceder por la puerta de atrás a la base de datos comerciales, financieros y a la cartera de clientes de Experience. Y lo consiguieron valiéndose de la buena fe de las empresa españolas que no sabían que, en relidad, todo era una trampa.
Inversiones interrumpidas
Desde 2016 y de forma in crescendo la proyección de negocio para New Balance desde que Experience Store S.L y Experience Store Outlet trabajan de su mano se había disparado. De hecho, en plena crisis económica y del COVID, estas dos empresas madrileñas, al albor del contrato que les vinculaba con New Balance, han creado una veintena de tiendas en las que se distribuían los productos y habían iniciado los contactos e inversiones necesarios para, atendiendo al compromiso (documentado en la querella) de renovación de contrato hasta como mínimo 2026 iniciar la adquisición y puesta en funcionamiento de una veintena más.
Tras 5 años trabajando codo con codo, el valor de Experience supera los 30.000.000 de euros, todo un caramelo para el gigante norteamericano.
Duras penas de cárcel
De momento, las tiendas están cerradas y los trabajadores en el paro. La instrucción judicial acaba de iniciarse sobre unos delitos que, de llegar a plasmarse en sentencia firme, oscilarían entre los 6 y los 12 años de cárcel para los directivos imputados.
