Unidos Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para legalizar la eutanasia y garantizar su práctica en todo el territorio nacional a aquellas personas que la soliciten. Del mismo modo, el texto recoge una modificación en el Código Penal para que los profesionales que presten este servicio no sean penalizados.

El texto presentado indica que podrán solicitar este servicio los mayores de 18 años o menores emancipados que padezcan una enfermedad terminal "sin esperanza" o dolores físicos y psíquicos "intolerables" para el paciente. Según ha explicado la diputada de IU, Eva García Sempere, serán los médicos o psicólogos los que realicen un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud.

La demanda de eutanasia deberá hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará un periodo menor a las dos semanas.

La persona demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. Sin embargo, la causa de la muerte, a todos los efectos, será por causas naturales.

García Sempere ha recordado que, con la actual normativa, se penaliza a los médicos que tengan cualquier relación en el proceso de una muerte asistida, por ello, en esta ley se exige que los profesionales tengan la obligación de garantizar el acceso universal a la eutanasia.

La diputada ha señalado que todo profesional tiene derecho de objetar, pero desde los servicios sanitarios públicos se debe garantizar el derecho del paciente a poder solicitar este servicio si la evaluación es positiva. Por ello, García Sempere ha apuntado que en el caso de que un enfermo esté a cargo de un médico objetor, éste deberá ofrecer los servicios de otro equipo médico que no lo sea.

Del mismo modo, desde Unidos Podemos consideran "fundamental" que se modifique el Código Penal para que la participación de los sanitarios en este servicio no sea punible.