Jordi Pina, abogado de
Turull y Rull, ha presentado sendos recursos de apelación ante la sala de
lo penal de la Audiencia Nacional, después de que la juez instructora Carmen
Lamela ratificara la semana pasada su decisión de mantenerlos en prisión
preventiva, junto a otros seis consellers cesados, en la causa en que los
investiga por rebelión, sedición y malversación.
En su recursos, los
exconsellers de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad, Jordi Turull y
Josep Rull, se desvinculan de los "episodios aislados de incidentes"
ocurridos, como los "escraches" ante hoteles donde se alojaban
policías nacionales y guardias civiles, y de cualquier uso de la violencia
contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, Rull y Turull
-que la semana pasada relevaron de su defensa a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado
del expresidente catalán Carles Puigdemont- invocan la jurisprudencia para
poner en cuestión que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para
enjuiciar los delitos de rebelión y secesión y piden que remita el caso a los
juzgados de instrucción de Barcelona.
El recurso trata de
desmontar los argumentos del delito de rebelión que la Fiscalía imputa al
Govern cesado e insiste en que "el mero dictado de leyes o resoluciones de
ninguna manera puede equipararse con la realización de un alzamiento
público" y que las movilizaciones independentistas han sido pacíficas y
solo han "pretendido expresar opiniones políticas".
"El votar a favor
de una convocatoria ilegal de referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo
público o violento, que es lo exigido para la rebelión", razona el
abogado, que niega que se conozcan a Turull y a Rull "manifestaciones
alentando a los ciudadanos a alzarse en ningún sentido o a oponerse con
violencia a la acción de las autoridades o sus agentes".
Para la defensa, tampoco
"consta de modo alguno" que Turull y Rull "organizaran o
instigaran por ninguna vía" protestas como las celebradas ante los hoteles
que hospedaban a policías y guardias civiles, unas movilizaciones que, añade,
"no pueden tener cabida en el tipo penal de la violencia pues no consta
que ninguna persona fuera golpeada o maltratada de obra (...)".
El recurso reprocha a la
Fiscalía que pretenda "hacer responsables a los consellers de cualquier
acto de protesta -aun no violento -acontecido en los últimos meses a lo largo y
ancho de la geografía catalana", sin indicio alguno de que hubieran
"organizado, preparado o alentado" un "plan común" para
alcanzar la independencia.
En el caso de Rull, el
recurso subraya que nunca ha hecho "la más mínima insinuación o referencia
al uso de la violencia contra la Guardia Civil, ni el más mínimo llamamiento a
la desobediencia o a la celebración de concentraciones de protesta contra su
actuación", lo que por otra parte, añade el recurso, "debería ser
absolutamente legítimo en un Estado democrático y de Derecho".
En otro escrito, en este
caso conjunto, Rull y Turull solicitan a la Audiencia Nacional que deje sin
efecto la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los exconsellers del
Govern de Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo denegara esta
medida cautelar que la Fiscalía había solicitado para los miembros de la Mesa
del Parlament.
Al ser las querellas
interpuestas contra los miembros del Govern y contra la Mesa "idénticas en
lo sustancial", la defensa de Turull y Rull sostiene que "no sería
lógico" que el Supremo no aplicara ninguna medida y en cambio la Audiencia
la mantuviera, pues "se estaría conculcando el principio de seguridad
jurídica y de igualdad ante la ley".
Turull y Rull remarcan
además que no tienen ni tenían "capacidad de disposición" respecto a
la partida presupuestaria para el 1-O, que las finanzas de la Generalitat
estaban intervenidas por el Gobierno desde el pasado 21 de julio y que el
ejecutivo central ha certificado que no se ha hecho desembolso presupuestario
alguno para llevar a cabo el referéndum.
"¿Cómo es posible
que se fije una fianza sobre la base de una partida presupuestaria supuestamente
malversada, cuando el propio Ministro de Hacienda y la Interventora de la
Generalitat certifican que dicha partida no se ha tocado?", cuestiona el
recurso, que insiste en la "absoluta carencia de base indiciaria"
para sustentar la decisión de la juez Lamela.