El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció a mediados de agosto que abandona el hercúleo esfuerzo de dejar intactos los 846 millones de barriles de petróleo que esconde Yasuní, uno de los últimos tesoros vírgenes del planeta, cuna de miles de especies vegetales y animales.

En 2008, y coincidiendo con la entrada de los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocido como bloque 43, en la lista de reservas mundiales de la biosfera de la Unesco, Ecuador lanzó al mundo un pacto: sacrificaría los jugosos beneficios del crudo a cambio de ayuda financiera internacional y convertiría el Parque Nacional en un enorme sumidero de CO2 que evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de este gas de efecto invernadero.

Este país contribuía así a la lucha contra el cambio climático y el mundo, en concreto los países industrializados, compensarían el esfuerzo con una dotación de 2.700 millones de euros.

Pero en los cinco años de andadura del proyecto, Ecuador apenas ha recibido 13 millones de euros, dos aportados por el país andino y 11,3 millones por la comunidad internacional, gestionado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en uno de los momentos más bajos de la lucha mundial contra el cambio climático. El fracaso de la cumbre internacional del clima de Copenhague, en diciembre de 2009, y la crisis económica, han dejado en mínimos la grandilocuencia con la que los países más ricos defendían la prioridad de revertir el aumento de la temperatura del planeta.

Correa, en el poder desde 2007, ha justificado el abandono del proyecto ITT por la necesidad del país de erradicar la pobreza. “No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la miseria y la pobreza”.

Los grupos conservacionistas piden ahora una consulta popular para abandonar la extracción de crudo en el espacio natural que alberga 100.000 especies de insectos, 150 de anfibios, 121 de reptiles, 598 tipos de aves, 200 de mamíferos y unas 3.000 especies de flora. Para que salga adelante, necesitan 584.116 firmas.

Mientras el Gobierno espera luz verde del Parlamento, el Ejecutivo asegura que la búsqueda de crudo se limitará al uno por mil de la superficie del parque nacional, situado en el norte del país, y que la extracción no afectará a las poblaciones indígenas de la zona, en concreto los waroani, aislados voluntariamente desde los años setenta, cuando Ecuador comenzó las primeras extracciones de petróleo