Ángel defendió la ley durante diez años, tuvo un cáncer que consiguió vencer más tarde. Sin embargo, tuvo problemas del corazón posteriores que le obligaron a dejar de trabajar con 43 años. Ahora no puede pagar los 100 euros al mes de las pastillas que le salvan la vida.
Hasta ahora sobrevivía gracias al Ingreso Aragonés de Inserción, 400 euros que paga la Comunidad autónoma para personas con recursos muy bajos. Sin embargo, por un fallo burocrático le ha bloqueado un subsidio vital, y se ve obligado a robar su mediación para sobrevivir.
Desde sus conocimientos judiciales, recuerda que la salud es un derecho constitucional, y que sus delitos serían considerados por la legislación como hurto "por estado de necesidad". Por ello, ahora se ve obligado a ponerse del otro lado, el de los delincuentes que tiempo atrás juzgó. Asegura que sólo le quedan pastillas hasta este fin de semana, y pide al Estado una solución de extrema urgencia.
