La Guardia Civil ha aplicado la sanción más grave que prevé su régimen disciplinario y ha expulsado al agente condenado por publicar 'fake news' xenófobas en Twitter, el primer condenado en España por este tipo de conducta delictiva.

El agente fue condenado a 15 meses de cárcel pero la Audiencia de Barcelona suspendió su ingreso en prisión con la condición de que participara en un programa de igualdad de trato y no discriminación.

El guardia civil reconoció en el juicio que el 1 de julio de 2019 colgó un vídeo de una brutal agresión a una joven, haciendo creer que se trataba de imágenes de una violación que había ocurrido recientemente en Canet de Mar (Barcelona).

El vídeo, de 45 segundos y que fue visualizado 21.900 veces, mostraba a un hombre agrediendo brutalmente a una mujer, con patadas y puñetazos, tras lo que intentaba bajarle los pantalones para acabar agarrándola del pelo y arrastrándola por el suelo.

"Aquí tenéis el vídeo del MENA marroquí de Canet de Mar, a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más INRI la viola. Estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios", rezaba el tuit que acompañaba el vídeo.

La grabación, no obstante, no tenía relación alguna con la agresión sexual ocurrida en Canet de Mar, sino que era un vídeo de una paliza ocurrida en China en junio de 2019 que había sido difundido por las autoridades de ese país para lograr identificar a su autor mediante la colaboración ciudadana.

El perfil de Twitter del acusado incluía numerosas publicaciones xenófobas e informaciones deformadas o falsas sobre los inmigrantes en general, además de símbolos como la cruz celta -habitualmente utilizada por ultras, nazis y supremacistas- y el lema del Ku Kux Klan "debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos".

Violación grupal

Así contó laSexta la indignación popular tras conocerse la sentencia de La Manada, de la que se cumplen 6 años

El 26 de abril de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, pero no por agresión sexual, lo que desató una oleadas de protestas populares.