El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dejará al criterio de los fiscales de Cataluña la decisión de interponer o no una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y varios consellers por la organización del proceso participativo sobre la independencia del 9 de noviembre.
Así se desprende del contenido de la reunión que Torres Dulce ha mantenido en la sede de la Fiscalía General con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y su número dos, Francisco Bañeres, que se ha prolongado durante una hora y media.
Al término de la reunión, la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que señala que "la Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público",
Frente a las prisas de algunos, Eduardo Torres-Ducle lo dejaba claro, "hay que actuar sin precipitarse pero siempre con el horizonte de la legalidad". Desde el Gobierno niegan ningún tipo de presión a la Fiscalía para que actúe contra Mas y su Gobierno.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que "la Fiscalía es autónoma y no recibe órdenes del Ejecutivo, dirá lo que proceda". Asimismo, Mariano Rajoy ha afirmado desconocer "absolutamente lo que va a hacer el fiscal".
Pero los fiscales se sienten presionados y utilizados tras las palabras de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. Además, Francesc Homs, consejero de la Presidencia de la Generalitat, ha remitido a Camacho a los periodistas cuando le han preguntado por la Fiscalía.
La popular ha dicho que "hay bases sólilidas jurídicas y se puede estar hablando de tres tipos delictivos" y sus delcaraciones han sentado fatal en el ministerio público porque dicen que Camacho ha ejercido de portavoz de los fiscales y ello pone en duda su independencia. Así lo ha dicho Álvaro García, de 'Unión Progresista de Fiscales'.
En el punto de mira de la Fiscalía están Artur Mas y Joana Ortega. Los delitos serían, al menos, desobediencia y prevaricación y las penas podrían ser de hasta un año de cárcel y la inhabilitación. Incluso podría haber nuevos querellados y nuevos delitos como la usurpación de funciones públicas.