El Gobierno reduce los tiempos al juez instructor. La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de seis meses para concluir la instrucción penal. Hasta años años en los delitos de corrupción y otras causas complejas como el terrorismo. “Estamos atendiendo a la idea de que una Justicia tardía es una Justicia de menor calidad”, afirmó el viernes el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Sin embargo, los jueces, dicen, no pueden asumir en tan poco tiempo una investigación exhaustiva. “Seis meses es una verdadera barbaridad. Incluso 18 meses es poco. Si encima la prórroga a los 18 meses es sólo para determinados casos, esto es imposible”, señala el presidente de la asociación de jueces ‘Francisco de Vitoria’, Marcelino Sexmero.
La Justicia sufre demoras que no puede controlar y que afectan directamente a la investigación. Por ejemplo, una prueba de huella dactilar puede tardar en llegarle al juez hasta un año y medio, una psiquiátrica hasta seis meses y una pericial de ADN, entre tres y seis meses.
El portavoz de la asociación ‘Jueces para la Democracia’, Joaquim Bosch asegura que esto “puede beneficiar especialmente a los corruptos”. “Solamente hay que pensar qué hubiera ocurrido si el caso Urdangarín tuviera que haberse cerrado a los 18 meses, el caso Gürtel o los ERE”, añade.
Aunque reconocen que la reforma conlleva algunas mejoras. Regula técnicas de investigación que cuando se creó la Ley en 1882 no existían. Pero en seis meses esas técnicas apenas pueden ponerse en práctica. El juez no podría llegar al final del asunto. Joaquim Bosch cuenta que “se va a generar investigaciones fallidas y sobreseimientos”. Ni con más medios, dicen, los jueces podrían cerrar una investigación seria.