Los Mossos d'Esquadra han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron el 1-O sin informarles de sus intervenciones, de forma distinta a la que se había acordado, por lo que los sistemas de coordinación no resultaron "eficaces".
Así lo pone de relieve la policía catalana en un informe que ha presentado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por la convocatoria del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, en el que detalla que los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos.
Según precisan los Mossos en un comunicado, en el informe entregado a la juez se remarca que en las reuniones de coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, dirigidas por el cargo del ministerio de Interior Diego Pérez de los Cobos, se acordó que la intervención de estos dos cuerpos sería siempre a requerimiento previo de la policía catalana.
Los Mossos sostienen que, hacia las 9:15 horas del pasado 1 de octubre, tras constatar que sus dotaciones no podían cerrar algunos colegios por la alta movilización ciudadana, pidieron el apoyo de Guardia Civil y Policía Nacional.
No obstante, según los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional llevaron actuaciones previas a este requerimiento en varios puntos de votación, "sin informar ni comunicar" estas intervenciones a la policía catalana y sin dar ningún tipo de explicación durante toda la jornada de por qué habían actuado "de manera distinta a la acordada en las reuniones de coordinación", por lo que los sistemas establecidos "no resultaron eficaces".
En el informe, los Mossos alegan, tras la quejas de la Policía Nacional y la Guardia Civil de que el 1-O actuaron con pasividad a la hora de cumplir la resolución judicial que les ordenaba impedir la votación, de que en los centros que no pudieron cerrar había una gran cantidad de personas que había concentradas.
"Proceder al cierre efectivo habría comportado un uso de la fuerza que podría haber generado un daño superior al que se pretendía evitar y, que con toda seguridad, habría resultado imposible de ejecutar siguiendo los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad", señala la nota.