Ocho exdirectivos de la cúpula de la Cam (Caja de Ahorro del Meditarráneo) empezarán a ser procesados por el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, por falsear las cuentas de la entidad durante dos años a fin de seguir cobrando decenas de millones de euros en incentivos.

Entre los procesados se encuentra el expresidente Modesto Crespo y  dos exdirectivos generales:  Roberto López Abad y María Dolores Amorós; entre otros, por ocultar la "crítica" situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.

El magistrado ha dado por concluida en un auto la investigación sobre la gestión de los que fueran máximos responsables de la extinta entidad alicantina, y los acusa de un delito de falseamiento de las cuentas anuales, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Los estados financieros de CAM de 2010 y primer semestre de 2011 "no reflejaban la imagen fiel de la entidad", según el juez,  sobre todo a consecuencia de la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, por lo que el resultado contable "debería haber sido menor en 210.341.000 euros".

Además, se había contabilizado "de forma irregular" el reparto de dividendos de sus filiales y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones "con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica", que se alteró "en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección".

Su finalidad, prosigue, "era la integración en el SIP y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado" de CAM y "poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad", explica la resolución.

De acuerdo con las periciales que constan en la causa principal de CAM, Gómez Bermúdez subraya que los miembros de su comité de dirección cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.

La Fiscalía tiene diez días de plazo para presentar su escrito de acusación contra ellos.