El juez Santiago Pedraz ha preguntado a las partes personadas en varias piezas abiertas contra los máximos responsables del Banco de Valencia que fueron denunciados por el FROB si debe archivarlas, ante las 'dificultades' para que varios organismos del Estado le faciliten dos peritos judiciales.
Desde hace trece meses, el magistrado de la Audiencia Nacional espera, sin éxito, la designación de esos peritos, que ha pedido a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o la Secretaría de Estado de Hacienda, entre otros, han informado fuentes jurídicas.
Ello le ha llevado a dictar una providencia en la que da diez días a las partes para que pidan diligencias complementarias de investigación o pidan, bien el sobreseimiento de varias de las piezas que tiene abiertas contra la antigua cúpula del banco valenciano y varios empresarios, o bien propone juzgarles.
Y lo ha hecho tras recibir la última negativa por parte de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria (Segipsa) y justificándolo "ante la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de esta investigación judicial" para que le proporcionen los dos técnicos que deben tasar distintos bienes presentes en sus investigaciones.
Su resolución se enmarcaba en la pieza en la que investiga al ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y a dos empresarios un delito de apropiación indebida por "conductas que acabaron provocando la reestructuración de la entidad" y su posterior intervención.
Pero después se amplió a todas aquellas en las que hay tasaciones pendientes, han explicado otras fuentes jurídicas, entre ellas la que afecta al expresidente José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo.
En esta pieza, el FROB acusaba a los tres de provocar "un perjuicio mínimo de 120 millones de euros", gracias a diversas operaciones "de dudosa racionalidad económica" con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador, al que dieron un "trato inexplicablemente privilegiado".