Con esta decisión, el Gobierno asume la tesis del Consejo de Estado y apuesta por impugnar la declaración del Parlament, que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano". El Ejecutivo solicitó el dictámen al órgano consultivo el pasado 8 de febrero tras obtener un informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación de la declaración soberanista.