La Guardia Civil imputa a los doce abogados detenidos del denominado "frente de cárceles" de ETA un delito contra Hacienda al no haber declarado al fisco unos ingresos superiores a los 1,3 millones de euros durante 2012 y 2013 por asistencia a miembros del colectivo de presos de la banda, el EPPK.

Así lo asegura el Ministerio del Interior en un comunicado en el que da cuenta de la detención en el País Vasco, Navarra y Madrid de esos doce abogados y de cuatro tesoreros de Herrira, la organización de apoyo a los presos de ETA que tiene suspendidas sus actividades por decisión judicial. Precisamente, Herrira, según las investigaciones, era la que sufragaba los gastos que generaba la asistencia jurídica a los presos de la banda.

Con esta operación de la Guardia Civil, denominada Mate y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se ha desarticulado también el entramado financiero que sustentaba económicamente al colectivo de abogados, el BL.

Además, según el Ministerio del Interior, con ella se da por prácticamente desaparecida la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda dentro del "frente de cárceles".

En concreto, los detenidos están acusados de los delitos de integración en organización terrorista, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, contra el derecho de los trabajadores, financiación del terrorismo y enaltecimiento.

Durante la operación, los agentes han registrado domicilios y locales, entre ellos, algunas herriko tabernas y la sede del sindicato LAB en Bilbao. Integrado en el "frente de cárceles", el colectivo de abogados aprovechaba la cobertura que le da su actividad profesional para trasladar a los presos de ERA las directrices e instrucciones de la banda y evitar posibles disidencias internas dentro de los reclusos.

De hecho, dice Interior, los letrados participaban activamente en el adoctrinamiento ideológico e informaban a la dirección de ETA de la situación personal y jurídica de los presos, así como de su compromiso con los postulados de la organización.

Y lo hacían dentro de las llamadas "rondas de control" a los reclusos, en unas visitas que aprovechaban para "alimentarlos políticamente". Una acción que combinaban con otra exterior a las cárceles sobre los familiares de los presos, con un entramado de apoyo social complementado con medidas económicas y asistenciales.