Se consuma el choque institucional casi sin precedentes. A última hora de la noche de este lunes, el pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir finalmente las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular. De esta manera, ha frenado el trámite legislativo de la reforma del Gobierno para desbloquear la renovación del propio órgano de garantías. Con una mayoría conservadora de seis votos frente a cinco, según fuentes jurídicas, el TC ha decidido tras más de nueve horas de debate interrumpir el trámite de una enmienda que aún no había sido aprobada por el Senado.
Fuentes del Constitucional a laSexta apuntan que los conservadores han justificado su apoyo al recurso de amparo del PP porque existe una lesión en el derecho de participación de los diputados recurrentes; es decir, de los populares. Así, han sustanciado la adopción de las cautelarísimas en el artículo 23 de la Constitución, que recoge que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". El Constitucional ha tomado de esta forma una decisión que ha generado una ola de sorpresa e indignación de gran magnitud entre los miembros de las Cortes Generales y de las formaciones a la izquierda del arco parlamentario.
A las 23.30 horas de la noche, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado "el acatamiento y el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional", alertando no obstante de que, con esta decisión, "se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo", y ha añadido: "Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales". Batet ha concluido su intervención esperando a "ser oídos a la mayor brevedad para presentar los argumentos para defender la autonomía parlamentaria y las funciones del poder legislativo".
A continuación ha intervenido Ander Gil, presidente del Senado, y lo ha hecho en un tono durísimo. "Al profundo menoscabo generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se suma ahora la instrumentalización de este último órgano", ha reprochado, calificando de irresponsables al Partido Popular, pero sin mencionarlo, por no avenirse a la renovación de unos órganos que mantienen mayorías de la victoria electoral del PP de 2011. Y tan solo unos minutos después se ha manifestado Félix Bolaños, ministro de Presidencia, quien ha advertido de que, pese a que "la resolución debe acatarse", no comparten "ni el insólito procedimiento, ni el fondo de la decisión, nunca antes visto en las Cortes Generales".
"Lo ocurrido es de una gravedad máxima porque la ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales (esa facultad existía y en 1985 se derogó para evitar lo que ha ocurrido hoy); además, el TC ha paralizado su propia renovación, que lleva pendiente seis meses". Para el titular de Presidencia, este es el resultado de "un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años". "El PP quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Con sus recursos, quiere decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá", ha añadido Bolaños.
Poco antes de las declaraciones de Batet, Gil y Bolaños, el enfado y las críticas de numerosos dirigentes políticos han hecho estallar las redes sociales. Desde Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha denunciado que "la derecha política, mediática y judicial ha consumado un golpe sin precedentes a la democracia", y ha respondido a la consideración del Constitucional: "Toca demostrar que los y las demócratas somos más". Igual de grave se ha apreciado este movimiento en el entorno de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, comandada por Yolanda Díaz: "Este grave hecho es el resultado de un proceso de deterioro de nuestras instituciones por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución".
Hoy nuestra democracia sale fortalecida. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones"
"La democracia prevalecerá. Este Gobierno, y yo como vicepresidenta, vamos a seguir trabajando del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones. Lo vamos a hacer con diálogo, con serenidad y con política constructiva", han señalado a laSexta fuentes de la Vicepresidencia Segunda. En una línea prácticamente idéntica se ha expresado Íñigo Errejón: "Consumado el atropello democrático. Unos magistrados que se saltan la ley amordazan a las Cortes elegidas por voto popular. Hay que defender la democracia", ha manifestado el máximo dirigente de Más País, que ha informado pocos minutos después de que su partido ha registrado una Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha advertido de las graves consecuencias que tendría esta decisión judicial: "Lo peor no es el hecho (subsanable si el Gobierno presenta una Proposición Ley), lo peor es el precedente. ¿Cuántos plenos más pueden suspender estos jueces recusados?". La izquierda no ha sido la única en mostrar su indignación. Sin ir más lejos, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado el "fin de la credibilidad del TC y otros órganos, utilizados para hacer política", criticando que se ha dado una "invasión de la soberanía parlamentaria". Y mientras tanto, la derecha ve el resultado de una forma muy distinta.
"Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo, presidente de los populares. Una misma versión mantienen desde Ciudadanos: "Gana la democracia y pierde Sánchez. Es una gran noticia que el atropello de PSOE y Podemos a los derechos de los diputados sea frenado por el Tribunal Constitucional".
"El Gobierno y los partidos que lo apoyan deben acatarlo y aceptar las reglas de la democracia", ha celebrado Inés Arrimadas, líder de la formación naranja. De idéntica forma se ha expresado Santiago Abascal, líder de la formación de extrema derecha Vox: "La decisión del Tribunal Constitucional debería detener, de momento, el asalto de Sánchez. Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Es capaz de desoír al Tribunal. Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva: moción y más acciones judiciales".
Los recusados votaron contra su recusación
La decisión ha llegado horas después de que, por la misma mayoría de seis a cinco, el pleno rechazase la recusación de dos de sus magistrados: la del presidente del propio órgano, Pedro González-Trevijano, y del magistrado conservador Antonio Narváez. De hecho, ha sido el voto de Trevijano el que ha desempatado ambas mayorías, ya que, de los diez magistrados presentes, cinco representaban a los conservadores y otros cinco a los progresistas.
Los partidos de la coalición habían presentado recursos para evitar que González-Trevijano y Narváez decidieran sobre la reforma legal del Ejecutivo para forzar la renovación del máximo intérprete de la Constitución. Esto es así porque ambos tienen el mandato caducado y son los que deberían ser renovados por decisión del Ejecutivo.