El magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha admitido la solicitud de la Fiscalía de que el extesorero del PP Luis Bárcenas vuelva a declarar sobre la supuesta financiación irregular del PPCV, y ha propuesto que lo haga por videoconferencia para evitar gastos al erario público.

Así lo recoge una providencia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Ceres en la que se admite la práctica de nuevas declaraciones tanto de testigos como de imputados solicitada por el Ministerio Fiscal.

Sobre la solicitud de declaración ampliatoria en condición de imputado de Bárcenas, el juez destaca la "notoriedad" de la situación procesal del extesorero y exsenador del PP, dado que está en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

Por ello, al tratarse de una declaración ampliatoria -Bárcenas ya declaró en Valencia hace dos años-, "y en evitación de gastos al erario público", se ha acordado tratar de llevar a cabo la misma mediante videoconferencia, con la posibilidad de que su defensa preste asistencia letrada junto al declarante.

Así, el juez ha establecido que la secretaría judicial lleve a cabo "a la mayor brevedad" las gestiones oportunas para constatar dicha posibilidad y fijar la fecha de la declaración.

Bárcenas ya declaró como imputado en el TSJCV el 22 de mayo de 2012, aunque en esa comparecencia únicamente contestó a las preguntas del instructor, del fiscal y de su propio abogado, pues se acogió a su derecho a no contestar el resto de partes personadas en la causa, entre ellas la acusación particular, que ejerce el PSPV-PSOE.

La providencia de Ceres también fija que el próximo día 13 vuelva a declarar como imputada Mercedes Orts, trabajadora de Orange Market, mientras que ese mismo día comparecerán para una pericial los inspectores de la Agencia Tributaria que han elaborado el informe final sobre la supuesta financiación irregular del PPCV.

Esta providencia se enmarca en tres de las seis piezas separadas abiertas sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano. Se trata de la pieza primera, sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; la segunda, sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante las elecciones generales de 2008, y la sexta, sobre supuestos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market y derivarse de los hechos delictivos de las otras dos piezas.