El Congreso ha dado el visto bueno a continuar con la tramitación de la Ley General de Salud Mental, a través de la cual, pretende garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todos los ciudadanos y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad.
Además, esta proposición de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, pretende que todos los poderes desempeñen sus acciones correspondientes para lograr una inclusión plena, sin estigmatizaciones ni discriminaciones.
Por ello, la iniciativa va más allá del desarrollo de una Estrategia Nacional de Salud, que es lo que se planteaba desde el ministerio de Sanidad. Su aprobación ha contado con 96 votos a favor del PSOE, Más País, EH Bildu y Cs; y 35 abstenciones, entre ellas, las de PP y PDeCAT.
La ley establece nuevas garantías de tiempo y más profesionales con el fin de facilitar y extender el acceso a la atención pública a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Para esto, el Consejo Interterritorial deberá garantizar que este sistema cuente con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes.
Además de estos ratios, en el desarrollo de esta ley es fundamental combatir la estigmatización, discriminación y otras violaciones de derechos humanos relacionados con la salud mediante la creación de mecanismos para su detección, denuncia y reparación.
La ley será promovida por el Sistema Nacional de Salud, donde no habrá discriminación en el acceso a las prestaciones y servicios previstos, y todas las personas serán libres de tomar las decisiones que afectan a su salud mental, especialmente la propia vida y el propio tratamiento.
La prevención de los problemas de salud mental se abordará en todos los ciclos de la vida y desde todos los ámbitos, prestando especial atención a los grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad maximizada, teniendo presente la perspectiva de género.
Finalmente, las personas afectadas por problemas de salud mental tendrán el derecho de participar en la organización y provisión de los servicios de atención a la salud mental.
