Los miembros de la Unión Europea prometieron que no habría fronteras. Que los ciudadanos podrían circular libremente, y que el tratado Schengen era el único pasaporte que necesitarían. Pero la realidad es que si Alemania quiere, los puede echar. Porque expulsar a ciudadanos comunitarios de cualquier país de la Unión Europea es legal desde 2004.
"La legislación europea permite que al cabo de cierto tiempo un país que recibe a un inmigrante que no ha encontrado trabajo, que no tiene medios de vida puede decidir el retorno a su país de origen", ha dicho Joaquín Almunia, vicepresidente y comisario europeo de Competencia.
La crisis ha hecho que cada vez más países comunitarios se aprovechen de esa directiva. Sólo en los primeros meses de 2013 Bélgica expulsó a 1.100 ciudadanos comunitarios que suponían una carga excesiva para su seguridad social.
"En una Europa en crisis en vez de solucionar los problemas creados por la política de austeridad se está intentando criminalizar a los propios desempleados europeos", ha dicho Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Plural en el Congreso.
Y hay políticos europeos que van más allá. la presidenta del Frente Nacional en Francia, Marine Le Pen, aboga por abrir y cerrar la frontera según su conveniencia. Mientras que el diputado del PSOE en el congreso, Ramón Jáuregui, ha expresado que la movilidad entre los países de la Unión debiera ser una condición de la construcción de la Europa que queremos.
Pero hay un truco al que los inmigrantes comunitarios pueden recurrir, una vez expulsados podrían volver a entrar en el país porque los estados sólo podrán impedírselo por razones de orden, seguridad, o salud pública.
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