La hipotética respuesta del Gobierno ante la declaración de independencia pasaría por la asfixia económica a Cataluña. Primero, atacando los Fondos de Liquidez Autonómico. Esto es, suspendiendo los préstamos destinados a Cataluña, situación que podría darse, incluso, en el plazo de un mes.
Ese dinero es fundamental para Cataluña, pues no hacer frente a los pagos de sus proveedores les dejaría en una situación muy delicada. Además, podría llegar a detener los subsidios y convenios que salen del Estado a Cataluña. Así, la comunidad dejaría de tener dinero y la situación económica se dificultaría.
En esta línea, y sin dinero, la Generalitat tendría que pedir préstamos para sobrellevar la situación. Ante la dificultad de encontrar a alguien, el Estado no le dará ese apoyo. Sí, en cambio, desde el segundo mes de impago, el Gobierno podría aplicar la llamada Ley de Morosidad.
Así, esta situación implicaría que Hacienda pasara a pagar las facturas que no paga Cataluña a sus proveedores a cambio de dejar de ingresar dinero a la Generalitat. Esto es, en las arcas catalanas.
Dentro de las posibilidades señaladas, estaría incluso que el Estado mandase a sus propios hombres de negro, el cuerpo de interventores del Estado, que se harían cargo de asumir la Tesorería catalana.
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