El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto para la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la que se pretende "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables" puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Sin embargo, la reforma tiene un futuro incierto porque Podemos se opondrá al texto en el Congreso y Sumar ha criticado algunos aspectos del mismo.

"Con esta modificación, se da estabilidad, certeza y, sobre todo, también seguridad jurídica", ha recalcado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Asimismo, ha indicado que la modificación da respuesta a una solicitud "muy importante" trasladada por parte de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y también por numerosos ayuntamientos. El texto aprobado este martes se enviará para su debate y tramitación al Congreso de los Diputados.

Críticas de Sumar al texto

Ahí no contará con el apoyo de Podemos. Por su parte, Sumar ha sostenido "que el texto no responde adecuadamente al objeto declarado por la norma de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación urbanística", según han señalado fuentes de la formación de Yolanda Díaz. Para Sumar, "la regulación de las nulidades y anulabilidades, y más en concreto el régimen de retroacción de algunos vicios formales, pueden dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas y es, por tanto, muy cuestionable y debería permanecer inalterado".

"No se comparte, además, la necesidad de superar la acción pública en materia urbanística por el hecho de que siga sin modificarse desde 1956 y en alguna ocasión se haya podido utilizar con fines espurios", explican.

"Por el contrario, en incontables ocasiones la acción pública ha servido para paralizar planes sobredimensionados y de gran impacto social y medioambiental, que desatendían la protección del litoral, del dominio público hidráulico o de los espacios protegidos al omitir o ignorar informes sectoriales llamados a asegurar la protección ambiental", han sostenido dichas fuentes.

Sumar no comparte "la necesidad de restringir el acceso a la acción pública y se considera más adecuado mantenerla en sus actuales términos y no limitar la posibilidad que en la actualidad tiene la ciudadanía de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales".

Es el mismo texto que decayó

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ya avanzó que se realizaría una modificación de la Ley de Suelo, concretó que el texto que sale ahora del Consejo de Ministros es el que se presentó y decayó en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones generales.

"Los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, la política de vivienda, la generación de empleo y, en general, la economía nacional", destacan desde Vivienda.

Asimismo, indican que las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana "son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística", con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad.