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Trump pide al Supremo luz verde para retomar la construcción del muro fronterizo en Texas
El contexto Un tribunal federal de Texas paralizó las obras a principios de octubre tras una demanda interpuesta por grupos ecologistas.
Imagen de archivo del muro fronterizo en TexasResumen IA supervisado
La Administración de Trump ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la orden judicial que detiene la construcción de un tramo del muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend, Texas. El Departamento de Justicia, representado por John Sauer, argumenta que la medida judicial es "ilegal" y vulnera las prerrogativas del Ejecutivo en seguridad nacional. Las exenciones firmadas por los secretarios de Seguridad Nacional permiten evadir normativas para acelerar la construcción de 500 kilómetros de barreras. Un tribunal federal paralizó las obras tras demandas de grupos ecologistas, alegando falta de autorización del Congreso. Trump defiende que Big Bend es un área de alta inmigración ilegal y que detener las obras afecta la seguridad y economía. La Administración pide al Supremo que levante la suspensión y anule la sentencia sin más vistas.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda de forma urgente la orden judicial que mantiene paralizada la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo en el sector del Parque Nacional Big Bend, en Texas.
El Departamento de Justicia, a través del procurador general, John Sauer, ha interpuesto un recurso al que ha tenido acceso Europa Press en el que acusa al tribunal de distrito inferior de emitir una medida "sin fundamento", "ilegal y sin precedentes" que vulnera las prerrogativas del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.
El caso se centra en tres exenciones ('waivers') firmadas a lo largo de este año por los secretarios de Seguridad Nacional, la primera por Kristi Noem y las dos siguientes por el actual responsable, Markwayne Mullin.
Estas decisiones administrativas permiten esquivar normativas medioambientales e históricas -como la Ley de Especies en Peligro o la de Preservación Histórica Nacional- para acelerar la construcción de más de 300 millas (casi 500 kilómetros) de barreras físicas y carreteras en el sector texano de Big Bend. Aunque la Administración ha aclarado que no tiene intención de erigir un muro de gran envergadura en el interior del Parque Nacional, sí mantiene sus planes de construcción de infraestructura fronteriza en otras áreas de la región.
Sin embargo, el pasado 2 de octubre, un tribunal federal de Texas paralizó las obras tras una demanda interpuesta por grupos ecologistas, una asociación para la defensa de una iglesia histórica de Ruidosa y empresarios locales de turismo fluvial.
El juez bloqueó la maquinaria pesada al estimar que el Gobierno de Trump no contaba con una "clara autorización del Congreso" para aplicar dichas exenciones medioambientales en esa zona específica, argumentando que los niveles de inmigración irregular en Big Bend son comparativamente inferiores a los de otros sectores de la frontera sur.
En su escrito ante el Supremo, el Gobierno de Trump tilda de "frívola" la decisión judicial y argumenta que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés) otorga al secretario de Seguridad Nacional una discreción "exclusiva" para levantar los requisitos legales que entorpezcan la construcción expedita del muro. "Sólo este tribunal de distrito ha considerado oportuno pisotear la clara autorización del Congreso (...) mediante la usurpación judicial de las órdenes", lamenta el recurso.
La Administración sostiene que Big Bend -que abarca casi una cuarta parte de toda la frontera terrestre entre Estados Unidos y México- es innegablemente un "área de alta entrada ilegal".
Según los datos aportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), entre 2021 y 2025 se produjeron más de 89.000 detenciones de inmigrantes indocumentados en este sector. Además, se incautaron más de 87.000 libras (39.400 kilos) de marihuana, 867 libras (393 kilos) de cocaína, 1.156 libras (524 kilos) de metanfetamina y 94 libras (42 kilos) de fentanilo.
El Ejecutivo advierte de que paralizar la construcción del muro en Big Bend dejaría una enorme brecha en la defensa fronteriza, convirtiendo a la región en un "imán" para el tráfico de drogas y de seres humanos liderado por los cárteles de Sinaloa y Juárez, que operan justo al otro lado del río Grande.
Además, el Gobierno esgrime que la suspensión de las obras está suponiendo un coste para las arcas públicas de unos 460.000 dólares (algo más de 400.000 euros) diarios por el mantenimiento inactivo de maquinaria y oficinas de campo.
Por todo ello, el procurador general ha pedido al Supremo -de mayoría conservadora- no solo que levante la suspensión dictada por la jueza texana mientras se resuelve el fondo del asunto, sino que utilice un mecanismo para anular la sentencia de forma sumaria y sin necesidad de celebrar más vistas orales. "Los errores son tan evidentes que esta Corte puede corregirlos rápidamente en cuanto al fondo, sin necesidad de más alegatos ni argumentos orales", concluye el escrito.