La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha solicitado a las fuerzas de seguridad que le remitan los tuit injuriosos y ofensivos publicados tras la muerte de la cantante y actriz Bimba Bosé, para analizar si algunos de ellos incurren en un delito de odio por su contenido homófobo. Fuentes fiscales han explicado que el objetivo de Tejada con esta petición a Policía y Guardia Civil es examinar con detenimiento todos esos comentarios ofensivos publicados en Twitter tras el fallecimiento el lunes a consecuencia de un cáncer de Bimba Bosé. Una vez la fiscal estudie esos comentarios evaluará la posibilidad de emprender alguna actuación penal, que solo podría promover en el caso de los mensajes con alusiones a la homosexualidad, pues los autores de esos comentarios podrían haber cometido un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Con todo, las fuentes señalan que se trata de un asunto "muy complicado" jurídicamente, pues en el caso de comentarios injuriosos contra una persona solo el perjudicado puede iniciar acciones penales. Fue el caso de los mensajes también publicados en Twitter tras el asesinato en 2014 de la entonces presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, un crimen que desató en la red social insultos, amenazas y hasta tuits que hacían apología del asesinato. Unos delitos contemplados en el Código Penal y por los que fueron detenidos e imputados tres personas. También acciones legales se emprendieron en julio del pasado año tras la muerte del torero Víctor Barrio en una corrida en Teruel. La Fundación Toro de Lidia recopiló más de medio centenar de mensajes vejatorios publicados en distintas redes sociales y acudió a la Policía a denunciarlos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado contundente con este tipo de comportamientos porque, ha advertido, "nadie puede pensar que está al margen de la ley" en las redes sociales y utilizarlas "para la ofensa y el cumplimiento de delitos. Catalá ha defendido que estos comentarios sobre Bimba Bosé sean investigados y que se identifique a sus autores, de forma que la Fiscalía y los juzgados determinen si constituyen algún delito.