El bofetón de la Comisión Europea por Doñana no acaba de calar en la Junta de Andalucía. Insisten en negociar el texto de la ley y minusvaloran la multa con la que amenaza Bruselas. Pero si esa sanción acaba llegando por la gestión de Doñana, ¿quién pagaría la multa? La pagaría el Estado. El Reino de España que es a quien sanciona la Comisión Europea.
De momento, la paga el Gobierno central. Pero el dinero lo acabaría pagando la Junta de Andalucía. Porque el Estado se lo repercute a quien tenga la competencia. En este caso la competencia es de la Junta de Juanma Moreno. El plan amplía las hectáreas aptas para el regadío y eso es una reordenación del territorio, una competencia que tienen transferidas las Comunidades Autónomas.
La multa se podría pagar tirando directamente de sus presupuestos, de las arcas autonómicas, es decir de forma voluntaria. Si no quieren pagar, el Estado se lo resta de la parte que les toca de la financiación autonómica.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hablado de otras sanciones. Ya hay precedentes. España sufrió una gran sanción en 2018 por la mala gestión de las aguas residuales de 17 municipios. Nos pusieron una multa de 12 millones y luego otra más por cada semestre en que no se arreglaban los problemas con las aguas residuales. España ya ha pagado, al menos, 72 millones de euros por este motivo.
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Esas sanciones las ha pagado quien tenía la competencia en cada caso. En Barbate, Matalascañas o Nerja la competencia era del Estado, así que pagó el Estado. En cambio, en Alhaurín el Grande, Coín o Isla Cristina las competencias en el tratamiento de esas aguas residuales era de la Junta de Andalucía, así que ellos pagaron la multa por esos municipios.