Jurídicamente todo está muy abierto, porque son muchas las variables que dependen de hasta dónde se tense la cuerda desde Cataluña tras lo que decida el Constitucional.
Habiendo salido adelante la resolución independentista en Cataluña, el mismo día se reune el Consejo de Estado, y un día más tarde o como muy tarde dos, se reunirá el Consejo de Ministros para aprobar ese recurso de inconstitucionalidad que el jueves se presentaría al Tribunal Constitucional.
Ese día, el tribunal decide si lo admite o no a trámite. Si lo admite a trámite puede decidir instantáneamente prohibir de facto la resolución independentista y si Cataluña no la acata, el Gobierno puede acudir de nuevo al Constitucional para que actúe
En ese punto se abre el abanico de posibilidades que pasan por imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros que tendrían que pagar autoridades, empleados púbicos e incluso partículares implicados.
Podría suspender de sus funciones a las autoridades responsables y funcionarios implicados. Todo esto, además de ese posible delito de conspiración para la sedición del que hemos hablado.