Lugares públicos de gran afluencia como centros comerciales, aeropuertos, estaciones de autobuses y ferrocarril con una afluencia media diaria igual o superior a 5.000 personas deberán contar en sus instalaciones, con desfibriladores automáticos o semiautomáticos.

También los establecimientos públicos, con un aforo igual o superior a 2.000 personas, y los establecimientos dependientes de las administraciones públicas en poblaciones de más de 50.000 habitantes y con una afluencia media diaria igual o superior a 1.000 usuarios, según esta nueva normativa.

Por otro lado, tendrán que tener desfibrilador las instalaciones, centros o complejos deportivos en los que el número de usuarios diarios sea igual o superior a 500 personas; los centros educativos; los centros de trabajo con más de 250 trabajadores, los establecimientos hoteleros con más de 100 plazas y los centros residenciales de mayores de más de 200 plazas.

Podrán utilizar los desfibriladores externos el personal sanitario y los técnicos en emergencias sanitarias. No obstante, en el caso de que no se encuentre ningún profesional y al objetivo de aumentar las posibilidades de supervivencia, cualquier ciudadano podrá utilizar un desfibrilador automático siguiendo sus instrucciones, tras haber contactado, previamente, con los servicios de emergencias.

Los Servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid registraron en 2016 un total de 1.351 paradas cardiorrespiratorias en la región fuera del ámbito hospitalario, lo que pone de manifiesto la necesidad del uso de este tipo de dispositivos por parte de los madrileños.

La Administración regional instalará alrededor de 2.100 desfibriladores en los centros e instalaciones dependientes de las distintas consejerías. Cada aparato tiene un coste unitario de unos 800 euros, por lo que la Comunidad de Madrid destinará en torno a 1,6 millones para ofrecer “cardioprotección” a sus trabajadores y usuarios.

Los organismos, instituciones o empresas que tengan que disponer de un desfibrilador dispondrán de un período de doce meses desde la entrada en vigor del decreto, tras su publicación en el BOCM, para proceder a su instalación. Aquellos que ya dispongan de alguno de estos aparatos tendrán un plazo de tres meses para adaptarse al resto de disposiciones contenidas en la norma.

La iniciativa, puesta en marcha por 'Constantes y Vitales', ha sido clave para impulsar su instalación y conseguir, finalmente, este gran logro con la aprobación de esta normativa.

La campaña de desfibriladores ha tenido una intensa y continuada presencia en pantalla y los programas de la cadena se han volcado en difundir la iniciativa. Y así seguirán desde este jueves las distintas ediciones de laSextaNoticias, que informarán de la nueva normativa aprobada por la Comunidad de Madrid con, entre otros testimonios, el de Josep Brugada, miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales y especialista en Cardiología.

Cada año fallecen 30.000 personas en España por paradas cardiorrespiratorias siendo esta la principal causa de mortalidad en nuestro país. Actuar con un desfibrilador en los primeros cinco minutos aumenta hasta un 70% las probabilidades de supervivencia.

Si hubiera un desfibrilador al lado de cada extintor se salvarían más de 4.000 vidas cada año, según palabras de Rubén Campo, experto en cardioprotección y fundador de la principal distribuidora de desfibriladores en España, el Proyecto Salvavidas.