Caso Púnica
El constructor comparece ante el juez Manuel García-Castellón tras entregar el mes pasado documentación contable que demostraría el pago de comisiones a políticos del PP, PSOE o IU entre 1999 y 2002.
POR NUEVOS TESTIMONIOS
En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el órgano judicial sostiene que han aparecido nuevas pruebas en contra de María José García Pelayo.
SEGÚN LOS INVESTIGADORES DEL CASO ERIAL
El expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y dos de sus supuestos testaferros cobraron mordidas por adjudicaciones públicas que pudieron alcanzar los 10,5 millones, según los investigadores del 'caso Erial'.
LOS CONTRATOS ADJUDICADOS DE MANERA IRREGULAR SUPERARÍAN LOS 280.000 EUROS
Arranca el juicio por las adjudicaciones, presuntamente irregulares, de AENA a la trama Gürtel a cambio de viajes, dinero o reformas de viviendas. En el banquillo Correa, el cabecilla de la trama, junto a su contable, Jose Luis Izquierdo.
PAGÓ LA COMUNIÓN DE LA HIJA DE GRANADOS
José Luis Huerta, empresario implicado en la trama Púnica, admitió ante el juez que llegó a financiar eventos del PP y actos particulares de varios alcaldes en Madrid. Según los audios publicados por la Cadena Ser, Huerta llegó a organizar la comunión de la hija de Granados en 2008. Un evento que le costó 48.000 euros.
16 AÑOS DESPUÉS DE DEJAR LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
Según cuenta 'El País', la jueza cree que el exministro cobró "a plazos" las comisiones obtenidas a cambio de adjudicaciones. Algo que habría permitido atribuirle a Eduardo Zaplana delitos de cohecho y prevaricación sin que prescriban. Zaplana ha pasado su segunda noche en la cárcel, después de que la jueza decretase su ingreso en prisión incondicional.
NOVEDADES EN LA INVESTIGACIÓN
Los cuatro juzgados investigan la presunta falsificación de facturas para ocultar que los gastos de la campaña de 2007 del PSPV-PSOE y el Bloc habrían sido sufragados por constructoras y empresas públicas.
EN UN PERIODO DE CUATRO AÑOS
Las obras en un barranco de Benifairo, en Valencia, o el soterramiento de una línea ferroviaria son algunas de las adjudicaciones que los empresarios que han confesado financiar ilegalmente al PP recibieron del Gobierno de Camps. Un informe policial concluye que recibieron obras por valor de 800 millones en cuatro años.
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