Entrar en Estados Unidos siempre ha sido un dolor de cabeza. Largas filas, esperas soporíferas e inspecciones minuciosas, con la sospecha flotando entre el tipo tras la ventanilla y tu expresión dócil, complaciente, esperanzada, inquieta. Algunos agentes mascan chicle, otros no, algunos piden más detalles sobre tu estancia y otros menos -pero sin que haya una correlación directa entre chicle y pedir detalles-. Ahora los que piden detalles están haciendo algo más.

La Electronic Frontier Foundation, organización que vela por los derechos de los usuarios en el plano digital, ha alertado de que las autoridades fronterizas estadounidenses están pidiendo los perfiles sociales a algunas personas que quieren entrar en el país. Ha sido recientemente cuando las Customs and Borders Protection han empezado a pedir estos datos.

Las autoridades fronterizas piden los perfiles sociales con el fin de comprobar si la gente que quiere entrar en Estados Unidos representa una amenaza para el país. El argumento para examinar información personal de los usuarios no es nuevo: sobre esta premisa se orquestó el programa PRISM revelado por Snowden, que supuso el espionaje masivo de millones de ciudadanos de una variedad de países.

El asunto podría no quedarse solo en un examen somero de los perfiles sociales. La Electronic Frontier Foundation ha recibido quejas de usuarios a quienes se les pedía desbloquear su teléfono para acceder a sus redes desde éste. Aquí ya no solo estamos hablando de información públicamente accesible, que se encuentra en tu muro de Facebook, por ejemplo, sino de datos privados, como detalles que en tu perfil no se han hecho públicos o conversaciones con otros contactos.

Una protesta reciente del Council on American-Islamic Relations contra las autoridades de fronteras echa más leña al fuego. La organización recogía las quejas de algunos ciudadanos estadounidenses –en principio estas medidas 'sólo' se aplicaban a extranjeros– de religión musulmana. Estos apuntaron que los agentes les pedían desbloquear sus smartphones y después abrían las aplicaciones sociales. La organización también afirma que una persona fue golpeada por negarse a desbloquear su teléfono.

El que los agentes de fronteras tengan acceso físico a los dispositivos significa que pueden rebuscar, no sólo en las redes sociales, sino en todas las aplicaciones, los datos en la nube o los contactos del usuario. Por no mencionar información altamente sensible, como estadísticas médicas, recogidas con wearables y almacenadas en el smartphone, o datos financieros, como el estado de las cuentas bancarias.

Esta potestad proviene de una normativa aprobada en 2009 para investigar dispositivos electrónicos, una norma que está desactualizada, en tanto no recoge el carácter privado de la información que contienen hoy en día los smartphones.