El próximo sábado cumpliremos cuatro semanas de confinamiento en nuestras casas, tras la proclamación del estado de emergencia el pasado 14 de marzo. A medida que transcurren las jornadas y ese fin de la cuarentena parece estar más cerca, son muchas las voces que empiezan a imaginar cómo será eso que se ha dado en llamar como desescalada. Es decir, el proceso que nos debe llevar a tener una vida medianamente parecida a la que disfrutamos hasta principios del mes pasado.

El problema de la actual situación es que no existe un manual que seguir y son pocas las experiencias documentadas que señalen qué es lo que hay que hacer. Como mucho, algunas referencias, como la de Corea del Sur, que recurrió a la tecnología y a la geolocalización de los teléfonos móviles de sus ciudadanos para saber dónde se encontraban los contagiados de Covid-19 y tomar decisiones en consecuencia.

Es por eso que, desde el Gobierno de España, se está barajando seriamente obligar a todos los ciudadanos a descargarse algunas de las aplicaciones oficiales que han ido publicando los principales organismos públicos en las últimas semanas. Apps que funcionan con la totalidad de smartphones que operan en España y que, en un principio, tienen como objetivo facilitar los autodiagnósticos para descongestionar los teléfonos de emergencia regionales.

¿Y la protección de datos?

A medida que se van conociendo nuevos datos sobre medidas que podrían tomarse para afrontar esa desescalada, se han ido acumulando nuevas dudas sobre en qué punto estrategias de este tipo chocan frontalmente con la legislación europea, que en 2018 aprobó una nueva, y restrictiva, ley de protección de datos: la famosa GDPR. Fue el Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo, el que el pasado lunes, en su comparecencia de prensa desde el Palacio de la Moncloa, avisaba sobre este respecto que la situación excepcional y de emergencia, donde es obligación de las autoridades preservar la salud de sus ciudadanos, ese nuevo marco legal no podrá interferir.

Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia en el nuevo Gobierno de coalición | laSexta.com

Es decir, que en el caso de que nos veamos obligados a descargar una aplicación para estar permanentemente localizados y comprobar cuáles son nuestros movimientos con los que trazar potenciales contactos con personas contagiadas, tendríamos la obligación de hacerlo... si es que queremos pisar la calle bajo unas determinadas condiciones. Y es que uno de los principales planes que hay sobre la mesa tiene que ver con permitir la libre circulación de ciudadanos siempre que exista la posibilidad de realizar un seguimiento fiable y preciso de todos aquellos que han estado, están o puedan estar contagiados.

Y no cabe duda de que esas apps de autodiagnóstico, donde dejamos constancia de si tenemos o no síntomas de la enfermedad, son un buen baremo para realizar un mapa completo de la expansión del Covid-19 por España, sin tener que inyectar más recursos en materia de instrumental y personal sanitario. Sobre todo, cuando se trata de traslados de una región a otra.