El Gobierno se desdice de su programa con los recortes a las renovables

En la sesión de control al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados, en mayo de 2010, el entonces diputado del PP Miguel Arias Cañete, acusó al Ejecutivo de ahuyentar a los inversores a base de “bandazos normativos” sobre la retribución de las renovables, las primas que reciben las tecnologías limpias por la producción de electricidad.

La burbuja de la fotovoltaica ya había pinchado y el PSOE, en el poder, decidió rebajar la tarifa económica a esta tecnología en 2011, 2012 y 2013, lo cual suponía cambiar las condiciones económicas por las que miles de inversores habían apostado por las huertas solares. En aquella misma sesión de control, Arias Cañete acusó al entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, de “incurrir en las mismas prácticas de quiebra jurídica de algunos Gobiernos sudamericanos que han puesto en riesgo las inversiones españolas”.

Apenas tres años después de aquel episodio y poco más de dos desde que el PP llegó al Gobierno, al Ejecutivo le llueven los recursos legales de miles de inversores por la misma razón. Hasta 12.000 titulares de huertas solares fotovoltaicas han recurrido ante el Tribunal Supremo la eliminación de las primas, pese al compromiso, incluido en su programa electoral, de apostar por “una legislación que vele en todo momento por la seguridad jurídica, evitando así que las decisiones empresariales puedan verse afectadas por interpretaciones de la Administración o por cambios de criterio no justificado”. La eólica y la termosolar han seguido la misma senda.

Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, el Ejecutivo aplicó recortes retroactivos a las primas que reciben las renovables, provocando un alud de recursos legales por cambiar las condiciones para miles de inversores que asumieron unos riesgos en base a una garantía jurídica.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) pide compensaciones por el daño patrimonial causado y la derogación de la norma, que deja en el aire casi 28.000 millones de euros por inversiones realizadas desde 2007. “Con la situación actual, debemos 18.000 millones de euros a la banca”, explican en la asociación.

Fondos de inversión internacionales han seguido el mismo camino, ante una situación que la Comisión Europea ve “con inquietud y preocupación, porque esas medidas dañan gravemente la seguridad jurídica de los inversores”.

En la evaluación de España en 2012, que Bruselas realiza para establecer recomendaciones a los Estados miembros, la Comisión Europea apuntaba sobre el mercado eléctrico español que una “competencia insuficiente en el sector ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario, al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón”.

En su programa electoral, el PP se comprometió a promover “la existencia real de competencia en todos los sectores estratégicos: energía, comunicaciones, transporte, distribución comercial y servicios a empresas”. Sin embargo, el actual recorte a las tecnologías limpias del ministro José Manuel Soria se achaca a la batalla contra el déficit de tarifa, un agujero de 26.000 millones de euros de deuda acumulada a las grandes eléctricas que la actual reforma eléctrica ha intentado corregir.

Para la Comisión, “las renovables, sector al que se culpa por sus retribuciones, no es el principal origen del déficit tarifario en España, en contraste con otros costes acumulados que forman parte de todo el sistema eléctrico, como la transmisión y la distribución, la conexión extrapeninsular o los costes por compensar a las compañías para fomentar la transición a un mercado eléctrico liberalizado”, apuntan en el Ejecutivo comunitario.