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Los procedimientos abiertos pueden llevar a multas millonarias

España fue el país europeo con más infracciones medioambientales en 2012

España ha sido el país con más directivas no aprobadas, el tercero que más incumplió las aprobadas, el segundo con más quejas ciudadanas y arrastra graves problemas de contaminación para los que se han denegado moratorias solicitadas.

Límite para las emisiones de CO2 en los coches

EFE Contaminación de Madrid

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España fue en 2012 el país de la Unión Europea que más incumplió la legislación medioambiental comunitaria. La Comisión mantuvo abiertos el año pasado hasta 27 procedimientos de infracción contra España por no haber adoptado o haber transpuesto incorrectamente varias directivas, según se desprende del 30 informe anual sobre la aplicación del derecho de la Unión Europea, publicado la semana pasada. Le sigue Italia, con 25 casos pendientes.

La mayoría de estas advertencias de Bruselas, que pueden conducir a multas millonarias en caso de una condena formal por el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, se refieren al incumplimiento de la directiva de aguas del año 2000, cuyo objetivo es prevenir la contaminación. De hecho, la Corte europea declaró culpable a España la semana pasada por no haber adaptado correctamente esta norma europea a la legislación nacional, que puede conducir a una penalización millonaria pendiente de cuantificar.

Aprobar una directiva en Bruselas y no aplicarla tiene cierta gravedad, porque se refiere a un compromiso aceptado previamente por los Estados miembros”, comentan en el Ejecutivo comunitario. España es el tercer país de la UE que más incumple las normas aprobadas, con 91 procedimientos de infracción abiertos hasta diciembre de 2012, por detrás de Italia (99) y Bélgica (92). El caso de España es además paradigmático porque las Autonomías cuentan con legislación medioambiental propia, que se suma a las normas europeas, como los estudios de impacto ambiental de cada región.

A las quejas formales de Bruselas se suman las denuncias de ciudadanos, empresas y organizaciones sociales, un segundo cortafuegos del que dispone la Comisión para vigilar el cumplimiento de la legislación. España fue en 2012 el segundo país con más quejas ciudadanas, con 306 denuncias, de las cuales 73 se referían a temas medioambientales.

La mala depuración de las aguas residuales, los riesgos de inundación y la mala calidad del aire coparon los procedimientos de infracción abiertos hasta el año pasado. La Comisión denunció a España en2011 por 39 pequeñas aglomeraciones urbanas que no depuraban sus aguas correctamente y que ahora está pendiente de establecer sanciones, aunque el proceso puede llevar varios años hasta concretarse en una multa. “El objetivo de esta política es disuasoria, no recaudatoria”, matizan en la Comisión.

Además de todo lo anterior, España sigue sin resolver el problema de contaminación en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ambas urbes pidieron una moratoria a Bruselas para cumplir con la directiva de calidad del aire que fija límites en determinadas partículas en suspensión, que exhalan sobre todo los coches diésel. Bruselas negó conceder una moratoria de cinco años como pedían ambos Gobiernos regionales por estimar que ni siquiera con ese plazo podrían adaptarse a los límites establecidos de contaminación, declarada una de las principales causas de cáncer, según ha concluido la Organización Mundial de la Salud.

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